Caso Alberto Vega: La Audiencia impone un año de cárcel a Alberto Vega y un mes, a su cómplice
El exjefe de Jardines pagará una multa de 3.600 euros por adjudicar a una empresaria un parque realizado por Raga con cargo a la contrata
Alberto Vega, exjefe de Parques y Jardines, con su abogado Cándido Conde-Pumpido antes del juicio. / ANA BURRIEZA
El exjefe de Parques y Jardines de Zamora, Alberto Vega Vicente, acaba de ser condenado a un año de prisión, el pago de una multa de 3.600 euros y de las costas judiciales por la Audiencia de Zamora por cometer un delito de intento de fraude procesal junto a la empresaria gallega, Gemma N.S., a la que asesoró y apremió para que exigiera al Ayuntamiento de la capital el pago de una obra que nunca realizó con el único objetivo de beneficiarse de ese dinero, de repartírselo, «me daba 500 euros y se quedaba el resto», indicó la imputada.
La empresaria, condenada a un mes de cárcel y una multa menor, manifestó en el juicio que «ni tenía personal ni medios» en su sociedad Romina & Ekaitz para realizar el trabajo, testimonio decisivo para sustentar las condenas. Y es que, relató cómo se ideó la adjudicación a su empresa del parque infantil de la plaza de Belén, «con una llamada de teléfono cuando ya estaba ejecutado» por Raga a espaldas del Consistorio cifrado en 3.600 euros por el propio Alberto Vega.
Una factura diez veces superior al coste real de la obra
Al no lograr que el Consistorio abonara la factura, Alberto Vega y ella deciden denunciar para exigir en el Juzgado Contencioso una deuda que nunca existió y que, en todo caso, habría ascendido a 300 euros, puesto que la mano de obra y el material eran de Raga y se pagaba con cargo al contrato de adjudicación del servicio de Parques y Jardines, tal y como admitió la empresaria. Incluso, el exdirectivo de Raga afirmó en el juicio que lo hizo su empresa porque la subcontrató Gemma N.S., una afirmación falsa según la acusada.
Las penas son tan bajas porque no llegaron a cometer el delito, el Ayuntamiento no pagó porque el concejal de IU de Urbanismo y Medio Ambiente, Romualdo Fernández, detectó la maniobra antes de que terminaran las obras empleados de Raga, «me lo contaron y pude comprobar que el parque lo estaba haciendo personal de la empresa adjudicataria de Parques y Jardines con material de la institución», contó en el juicio.
Esta circunstancia generó la apertura de un expediente informativo y sancionador, que ha apartado del puesto de funcionario al empleado público, y el arresto del exjefe de Jardines y de la empresaria.
Albarán y factura ficticia creadas por Vega
El albarán que acompañaba a la factura detallaba el material utilizado y los juegos colocados en el parque de Belén (toboganes, columpios, cercado, arena, cadenas, etc.) que, en realidad, eran del Ayuntamiento y estaban almacenados. El personal que ejecutó la obra estaba adscrito a la adjudicataria Raga, por tanto, el sueldo de los trabajadores se sufragaba con fondos municipales.
La procesada actúa siguiendo las instrucciones de Vega Vicente, sostuvo en el juicio y demuestran las pruebas aportadas, incluso sobre el cambio de domicilio social de su empresa para radicarla en Zamora y hacer creer al concejal de IU de Urbanismo y Medio Ambiente que está cumpliendo su indicación de contratar obras menores con empresas de Zamora para favorecerlas.
Gemma N.S. reconoció ante la Audiencia que la nueva dirección, en la calle de las Aceñas del barrio de Pinilla, le fue facilitada por el exjefe de Parques y Jardines, así como el contacto de los dueños, un matrimonio al quconocía porque el funcionario había vivido en ese inmueble. Los mensajes de wasaps y el correo electrónico que contenía el modelo de demanda confirman que es el mismo que le había remitido al imputado el bufete de abogados que lleva su defensa.
Estas pruebas son una pieza clave aportada por el abogado de la institución local, Miguel Ángel Martín Anero, cuya existencia remarcó en sus conclusiones y que demuestran la estafa procesal en la que incurrieron ambos en connivencia.
El Tribunal provincial impone al acusado, ante esas evidencias, el pago al Ayuntamiento de una indemnización por el 300 euros. En esa cuantía se estiman los perjuicios para el Ayuntamiento, mientras que las costas del juicio implican que tendrá que pagar la minuta de Martín Anero.
Los requisitos legales para que exista estafa procesal son la xistencia de un engaño bastante en un procedimiento judicial; que se busque llevar a error al juez o tribunal; y la intención de obtener una resolución favorable a los intereses propios y en perjuicio de un tercero.
La importancia de la sentencia
La sentencia de la Audiencia cobra una importancia trascendental porque de la investigación de este caso dimana las diligencias abiertas por otros 15 contratos que la empresaria gallega admitió haber conseguido a través de Alberto Vega Vicente por la amistad que les unía desde hacía años y con el mismo sistema: Raga hacía los trabajos con personal adscrito a la contrata y, por ende, pagado por el Ayuntamiento, y con material que ella nunca facilitó porque carecía sus empresas no tenían personal. Así se el adjudicaron proyectos como la rehabilitación de la fuente de Félix Rodríguez de la Fuente, que también ejecutó Raga con su personal. Esta causa será enjuiciada este año con un jurado popular en la Audiencia.
De ese último caso, dimana la pieza separada del caso Raga, en la que se detecta el posible fraude de casi un millón de euros (981.246 euros) entre 2014 y 2017 y en el que están imputados cinco empleados de la adjudicataria que trabajaban en el servicio municipal de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente; Gonzalo R.G, el exdirector de Raga; el exencargado de la zona noroeste de la sociedad madrileña, A.G.I.; y el capataz, S.M.M., una causa que aún está en instrucció.
El directivo de Raga y el capataz denunciados por falso testimonio
La Audiencia admite la petición del abogado del Ayuntamiento para que se dedujera testimonio de las manifestaciones del exdirector de Raga, G.R.G, y del capataz S.M.M. por entender que mintieron como testigos «para favorecer» al exjefe de Parques, un posible delito que debe investigar el juzgad. El falso testimonio se referiría a que Raga fue subcontratada por la empresaria gallega para construir el parque infantil, un extremo que negó Gemma N.S. al declarar.
Asimismo, los dos testigos «le imputan al capataz funcionario del servicio municipal el controlar las horas extraordinarias» de la adjudicataria, cuando le correspondía a la empresa, como bien explicó ese empleado público, agregó el abogado. Los testigos mintieron al afirmar que la obra del parque se realizó con personal de Raga y material del Ayuntamiento, como confirmó la empresaria.
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