Cotos de caza que tenían precintos para cazar lobos han presentado reclamaciones ante la Junta de Castilla y León en las que piden más de nueve mil euros por cada animal que no han podido capturar, debido a la prohibición motivada por las sentencias judiciales que impiden matar ejemplares al norte del Duero. Más de una treintena de estas reclamaciones de responsabilidad patrimonial han pasado ya por el Consejo Consultivo, la institución regional con sede en Zamora que es la encargada de dar el visto bueno o rechazar las pretensiones ciudadanas y la conclusión en todos los casos es desestimatoria para con las pretensiones de los cotos y beneficiosa para la Administración, en este caso la Consejería de Medio Ambiente.
El argumento de peso del fondo del asunto es que el Consultivo considera que la Administración no ha ocasionado ningún daño a quienes tenían los precintos para cazar lobos, sino que la prohibición de capturarlos tan solo ha frustrado una expectativa de ganancia.
Los argumentos
Las reclamaciones recibidas por el Consultivo son muy similares y parecen responder a un patrón. Por ejemplo en una de ellas se pide “responsabilidad patrimonial frente a la Administración autonómica, debido a los perjuicios sufridos por no haber podido proceder a la caza del lobo en las modalidades de aguardo o espera y rececho en un coto de caza durante la temporada cinegética 2018/2019”.
Alega que, pese a que “solicitó autorización para la caza del lobo, se vio imposibilitado para ello debido a la suspensión, decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprobó el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019”. Reclama, por ello, “una indemnización de 9.261 euros, importe con el que valora el ejemplar de lobo, por no haber podido percibir dicho ingreso”.
Un lobo, 2.500 euros
La Sección de Caza y Pesca de la Junta, sin embargo, indica que el valor de mercado de un lobo está en torno a los 2.500 euros. Aclara que “la posesión de un precinto de lobo que se ha entregado no habilita poder cazarlo porque necesita una autorización expresa”, que sí se solicitó pero no se concedió (se entiende denegada por silencio administrativo) debido a una orden de la Dirección General del Medio Natural que suspendía cautelarmente la captura de lobos por la decisión del tribunal.
Según el Consejo Consultivo “el reclamante tenía una expectativa de ingresos por la caza de lobo que no vio colmada” pero ello “no determina necesariamente el nacimiento de un deber de indemnizar al interesado, puesto que para ello es preciso que se pruebe la existencia de un daño real y efectivo, no posible o hipotético, ya que no son resarcibles las expectativas fundadas en meras especulaciones sobre perjuicios o pérdidas contingentes o dudosas”.
