Al grito de “abridme la puerta, que os mato si no lo hacéis”, un hombre aporreaba la puerta del domicilio de sus padres en un estado de enajenación mental total por el consumo de drogas. Un estado “de excitación altísimo” que le llevó a morder en un dedo a un guardia civil que trataba de detenerle y a liarse a puñetazos con otro más y con dos policías municipales que intervinieron para evitar una agresión a los progenitores en el piso familiar en Benavente.
No dudó en azuzar a su perro de raza peligrosa, un pitbull, cuando sus padres abrieron la puerta del piso al que “accedió de forma violenta”, sin permiso del matrimonio y empujando a su padre y su madre, para coger al animal que estaba en el interior de su dormitorio y usarlo contra las Fuerzas de Seguridad.
El hombre, de iniciales R.T.L., la emprendió con los policías, a los que amenazaba con frases como “te voy a joder la vida”, “a ese hijo puta le voy a reventar la cabeza” o “le voy a matar y no paro hasta que le meta dos tiros”.
Finalmente, salió de la vivienda al tiempo que lanzaba puñetazos y codazos a los cuatro agentes que trataban de reducirle, de acuerdo con la Fiscalía Provincial, que sostiene en su escrito de acusación que el individuo “ofrece gran resistencia”, momento en el que muerde al guardia civil en un dedo y causa al otro una tendinitis en un dedo, hechos que admitió el acusado antes de celebrarse el juicio fijado por el Juzgado de lo Penal.
El hombre “se encontraba muy alterado” por el consumo de drogas y mostraba “un altísimo nivel de agresividad hacia los cuatro agentes”.
De hecho, cuando llegó al calabozo, “empezó a dar patadas a la puerta” y provocó daños por importe de 115,31 euros. También destrozó el colchón de la celda de las dependencias policiales, lo que supuso un gasto de 9,88 euros, según la valoración de la Fiscalía.
El procesado reconoció todos los hechos, lo que le permitió llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para eludir el juicio.
Libertad vigilada y desintoxicación
Sin embargo, la magistrada del Juzgado de lo Penal tuvo que absolverle de los delitos de atentado contra la autoridad y leve de daños a las instalaciones de las Fuerzas de Seguridad, al haber actuado bajo los efectos de estupefacientes.
No obstante, le impuso 9 meses de libertad vigilada y la obligación de someterse a un tratamiento externo de desintoxicación de la drogadicción que padece.
Los dos policías y los dos guardias civiles que le arrestaron, defendidos en la causa por el abogado del Estado, renunciaron a las indemnizaciones por las lesiones sufridas, que superaban los 3.000 y 2.000 euros.
El delito de atentado castiga a quienes “agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
