La exdirectora del Conservatorio de Música de Zamora, María Ángeles Blanco López, “gestionaba y actuaba con criterios ajustados a la legalidad”, afirmó ayer el inspector de la Dirección General de Educación al testificar en el juicio celebrado en el Juzgado Contencioso. La magistrada investiga si la suspensión de empleo y sueldo que la Junta de Castilla y León impuso a la funcionaria durante 9 meses en 2020, por dos expedientes administrativos se ajusta a una gestión que “incumplió las funciones de dirección y de coordinación durante el estado de alarma”.
Esos argumentos expuestos por el abogado de la Junta son los mismos en los que se basan las sanciones, tras la apertura de expedientes administrativos por las quejas de padres. Otra de las cuestiones que está detrás de la decisión de Educación fue el retraso en la reunión del Consejo Escolar porque había tres integrantes de baja y a pesar de que se contaba con 8 votos, quorum suficiente para tomar decisiones.
Por su parte, la secretaria del centro manifestó que “había un acoso brutal hacia ella, se faltaba al respeto y se insultaba, había un ambiente irrespirable en esa época”. La funcionaria aludió a “las continuas denuncias que había” contra la gestión de Blanco López, que generaban “muchísima inseguridad jurídica y muchísima tensión”.
En ese ambiente, se inscribe la paralización de la votación que iba a producirse en los órganos colegiados del centro en noviembre de 2019, decisión que tomó la directora porque se presentó de forma inesperada a votar una profesora que estaba de baja y había otros dos más en esa situación que podrían haber reclamado de haber proseguido el proceso, abundó la secretaria. Esta empleada aseguró que la directora "recibía a todo el mundo" y que había un horario de visitas colocado junto a su despacho y en el tablón.
Otra de las irregularidades que llevó a la Junta a expedientar a la directora se refiere a la falta de planificación de plazas vacantes para renovar contratos si era preciso para el curso siguiente, una relación que debió comunicar a Educación antes del 20 de julio y que retrasó 8 días, “no presentó las necesidades de docentes del centro”.
"Había un ambiente irrespirable en esa época, se insultaba, se faltaba al respeto, las denuncias continuas que había generaban muchísima inseguridad jurídica y tensión"
Si embargo, el funcionario de la Dirección Provincial de Educación, adscrito al centro hasta el 31 de agosto de 2020, vino a contradecir esa actuación personalista de Blanco López al declarar ayer que “me consultaba” y que “cumplió todas las instrucciones” que le daba. A la pregunta concreta de Tomás Cuadrado, el abogado de Blanco López, sobre si esta “gestionaba el Conservatorio con criterios contrarios a la legalidad, objetividad e imparcialidad con los que debe regirse una directora”, la respuesta del inspector fue clara: “No”.
Incluso, durante la pandemia la exdirectora, que fue renovada en el cargo durante cuatro años más, “tuvo comunicación telefónica y por correo electrónico, colaboraba con la Dirección Provincial”. El testigo manifestó que la responsable del centro exponía los problemas que había o pedía consejos para resolver las cuestiones que se planteaban.
Sobre el funcionamiento del centro, el inspector se limitó a decir que “tenía sus cosas”. En cuanto a la relación de la dirección del centro y los docentes, significó “había un grupo de profesores más reivindicativos, cuatro o cinco; otros menos reivindicativos, pero también”. La relación con la presidenta y vicepresidenta del Ampa tampoco fue buena.
Incluso relató lo prolijo de esas consultas, que también le llegaron por correo electrónico sobre las quejas que planteaban padres de los alumnos por la adjudicación de algunas plazas, y de profesores, “pero se resolvieron”, indicó el inspector. La exdirectora, que ocupa actualmente su plaza como profesora en el Conservatorio, “cumplía en tiempo y plazo” cuando se le requería para que llevará a cabo actuaciones, salvo si el registro no era capaz de absorber toda la documentación que se requería en escaso tiempo. Una cuestión meramente técnica, agregó el funcionario.
Del mismo modo, apuntó que el Reglamento del centro “no recoge todo, hay cuestiones del día a día que no” se reflejan en ese documento. En ese contexto se incluiría el procedimiento que se ideó para que los instrumentos dañados por el uso durante el curso escolar pudieran repararse en los meses no lectivos, en verano.
Ese método consistía en un impreso que se facilitaba a cada profesor para que se lo hicieran llegar a la secretaria del Conservatorio. “Se hacía uso generalizado del mismo”, indicó el inspector. La secretaria defendió este sistema, “un protocolo interno, un impreso que yo entregaba a los jefes de los departamentos a final de junio y los recogía en julio”.
