“El delincuente es el Ayuntamiento que se aprovecha”, al haber caducado el contrato con Raga para el mantenimiento y conservación de Parques y Jardines; o “este expediente convenientemente analizado debería darse la vuelta y sentarlos en el banquillo”. Estas son solo algunos de los mensajes telefónicos de alivio y apoyo que recibió el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega Vicente, del interventor municipal, Francisco Javier López Parada, de acuerdo con los textos a los que ha tenido acceso LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
Pero el que es uno de los dos más altos funcionarios del Consistorio (junto con el secretario general), cuya función es, precisamente, fiscalizar los gastos y pagos de la institución, fue más allá en ese respaldo a quien ya entonces tenía una resolución reprobatoria de su actuación al frente de Parques y Jardines, por la que ha terminado como investigado en el Juzgado. Y tiró de la legislación vigente, del mismísimo Código Penal (artículo 408) y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 262), para sosegar a Vega Vicente y echar por tierra las conclusiones de la “viceinterventora” municipal y del instructor del expediente disciplinario que ya apuntan a la vía penal contra el expedientado por posibles delitos de falsedad documental y perjuicio a la Hacienda Pública.
La investigación policial posterior atribuye al exjefe de Jardines el gasto de más de 14.000 euros en gasolina para su uso personal endosado al Ayuntamiento, algunos de las infracciones penales por las que está en libertad provisional bajo fianza de 65.000 euros y con la retirada del pasaporte por parte de la juez que investiga al funcionario por delitos de corrupción. El Ayuntamiento de Zamora abrió el expediente a Vega Vicente en noviembre de 2019 y terminó con la denuncia del caso en el Juzgado por parte del Ayuntamiento.
El interventor es el más activo en estas conversaciones desveladas por este diario, que se producen en los primeros meses de 2021 y poco antes de la detención de Alberto Vega Vicente en su propio domicilio por los delitos de corrupción, tras una ardua labor policial de la UDEV de la Comisaría de Zamora que incluyó el rastreo de los teléfonos móviles del denunciado.
López Parada cuestiona la validez de la actuación de la interventora y del instructor del expediente, con menosprecio a su labor, ya que llega incluso a indicar al funcionario investigado internamente por el Ayuntamiento que “ni siquiera podrían denunciarte personalmente a ti” en el asunto del presunto fraude de la gasolina. Argumenta que la tarjeta que el Ayuntamiento dispensa al Servicio de Parques y Jardines para repostar su maquinaria no está a su nombre, con lo que le orientaría sobre posibles líneas de defensa.
Los propios trabajadores desataron las acciones del Consistorio contra Vega Vicente porque, según denunciaron al concejal de IU de Medio Ambiente, aquel se quedó con la tarjeta municipal adscrita al servicio y que llegó un momento en el que no podían usar la maquinaria por no disponían de gasolina. Pero el interventor transmite tranquilidad a este respecto a Alberto Vega y le indica que, en todo caso, tendría que actuarse contra la persona legalmente responsable de esa tarjeta e ir buscando coautores del supuesto delito de fraude, además de implicar a las gasolineras. Y concluye que le están “amenazando con el penal que debería engullirles a ellos”.
“Relación personal” y posible bloqueo al nuevo contrato
Las diligencias que han puesto en marcha la denuncia contra el exjefe de Parques y Jardines de Zamora afirman que las conversaciones mantenidas por mensaje telefónico entre este y el interventor municipal, Francisco Javier López Parada -también expedientado y con funciones limitadas por el alcalde de IU de la ciudad, Francisco Guarido- dejan constancia de “cierta relación personal” entre ambos. Y es que Alberto Vega Vicente envió al interventor documentación sobre su expediente disciplinario por irregularidades en el área de Jardines que gestiona. Además del “tono coloquial” que usan, las diligencias recuerdan que el concejal de Medio Ambiente indicó en sus declaraciones dentro de la investigación a Vega Vicente que los tres borradores que este presentó para renovar la adjudicación del Servicio de Parques y Jardines no pasaron la criba de Intervención, “siempre se encontraban deficiencias”.
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