El Juzgado investigará a la empresaria gallega implicada en la causa abierta contra el jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, por orden del Contencioso de Zamora, que ha visto indicios de un delito por haber interpuesto y retirado después una demanda contra el Ayuntamiento de Zamora para reclamar el pago de un parque infantil que nunca llegó a ejecutar, el de la plaza de Belén, en Cabañales. La conocida emprendedora en La Coruña, de iniciales G.N.S., interpuso la demanda al cabo de seis meses de que la Fiscalía Provincial abriera en marzo de 2020 diligencias contra Vega Vicente por su irregular gestión al frente del servicio municipal, acusado de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y contratos irregulares, entre los que se investigan que la acusada admitió haber recibido de forma directa.
La dueña de Iocus Technology, Iocus Romina, Romina&Ekaitx y otra sociedad que lleva su nombre de pila, confesó haberse enterado de alguna adjudicación mediante una simple llamada telefónica, según fuentes de la investigación. Ese fue el caso del parque mencionado, en el que se comprobó que se instalaron elementos que el servicio municipal tenía comprados antes del contrato, según fuentes consultadas. La implicación en la causa abierta contra Vega Vicente le supuso a G.N.S. el pago de una fianza de 6.000 euros para evitar el ingreso en prisión.
Una vez que se vio inmersa en el procedimiento judicial contra el jefe municipal de Parques y Jardines, con el que admitió haber tenido una amistad, la empresaria gallega retiró la demanda que había presentado ante el Juzgado Contencioso contra el Ayuntamiento para exigir los casi 5.000 euros en los que se presupuestó el parque de la plaza de Belén.
La magistrada archivó la causa, pero no sin observar en el auto que la emprendedora gallega podría haber incurrido en un delito de intento de fraude procesal, ya que la demanda se basaba en hechos que no eran veraces, pero se retira antes de que avance su investigación, apuntan fuentes consultadas por este diario.
Pruebas manipuladas
Este tipo de infracción penal implica la manipulación de pruebas durante un procedimiento judicial para conseguir confundir a a la juez, que caiga en un error, para lograr una sentencia que dañe los intereses económicos de la entidad a la que se demanda, en este caso, si se confirmara ese delito, el perjudicado sería el Ayuntamiento de Zamora. El siguiente paso que dio la magistrada del Contencioso fue remitir la causa a los juzgados para que se abra una investigación contra la mujer por vía penal y determinar si pudo cometer el delito.
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