La empresaria de La Coruña investigada junto Alberto Vega Vicente, el jefe municipal de Parques y Jardines, por fraude a la Administración llegó a demandar al Ayuntamiento de Zamora ante el Juzgado Contencioso en septiembre de 2020 por impago de facturas, de los casi 5.000 euros de una obra que no llegó a hacdr, el parque infantil de la plaza de Belén, según la información a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Se trata del mismo proyecto que ya había provocado la apertura del expediente disciplinario al funcionario a finales de 2019, y la denuncia del equipo de Gobierno de IU ante la Fiscalía en marzo de 2020 por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y contratos irregulares.

La conocida emprendedora gallega, de iniciales G.N.S., exigía al Contencioso seis meses después de abrirse diligencias en la Fiscalía que condenara a la institución local y le obligara a abonar a su empresa Iocus Technology el importe por el que Vega Vicente le adjudicó la inversión de forma directa. Reclamaba el pago de una obra que su empresa nunca habría llegado a ejecutar, según apuntaba el expediente disciplinario abierto al funcionario, por aquel entonces ya en manos de la Fiscalía y de la policía judicial.

Las indagaciones del instructor del expediente disciplinario concluyeron que los módulos de juego del parque, ubicado en el barrio de Cabañal, pertenecerían a los que el servicio de Parques y Jardines tenía almacenados y que procederían posiblemente de otras contrataciones anteriores.

De modo que, para cuando la empresaria interpuso la demanda, en septiembre de 2020, el Consistorio había mandado el expediente a la Fiscalía y esta el caso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 que acusa ahora a Vega de varios delitos de corrupción, entre ellos posibles contrataciones irregulares, y a la propia empresaria por fraude a la Administración.

La reclamación en el Contencioso estuvo precedida de varias comunicaciones al Ayuntamiento en las que la propietaria de Iocus Technology solicitaba que se le ingresara el presupuesto del proyecto. En caso contrario, advertía de su intención de acudir a los tribunales para que se le abonara la obra que nunca habría llegado a realizar según admitiría ella misma el 3 de marzo pasado, tras ser detenida junto a Vega por la Policía Nacional, y al testificar ante la juez que investiga la presunta gestión irregular de Vega Vicente. La acusada, que dispone de las firmas Romina&Ekaitx y de una tercera empresa que lleva su nombre de pila con las que habría recibido hasta 15 obras de forma directa del servicio de Parques y Jardines, está en libertad con cargos tras confesar y precisar que se enteró de algunas concesiones cuando el propio Vega le llamaba por teléfono para decirle que ya le había ingresado el dinero en sus cuentas, de modo que presentaría los proyectos con posterioridad.

El funcionario administraba desde Parques y Jardines más de 1,3 millones de euros presupuestados anualmente para costear este área municipal.

La reclamación de la obra podría dar lugar a una denuncia por posible estafa procesal

El Juzgado Contencioso no llegó a celebrar el juicio por impago de facturas que impulsó la empresaria gallega contra el Ayuntamiento de Zamora. La emprendedora desistiría al conocerse la apertura de diligencias penales contra el Jefe de Parques y Jardines del municipio por contrataciones irregulares entre las que se encontraba, precisamente, la adjudicación que estaba reclamando, el parque infantil de la plaza de Belén. Una acusación que ha terminado por implicarla como investigada en la misma causa abierta al funcionario. El Contencioso, no obstante, ante el proceder de la empresaria gallega podría terminar solicitando que se le abra investigación por posible estafa procesal. Esta infracción penal se derivaría de que la denuncia al Ayuntamiento se habría sustentado en documentación que nunca habría llegado a existir. Esto es así porque la obra del parque infantil de Cabañales se efectuó con personal ajeno a la sociedad de la emprendedora gallega y con elementos de juego y de equipamiento que nunca suministró, de acuerdo con lo investigado por la institución local y por la propia policía judicial. De hecho, los vecinos de la plaza de Belén, cerca del Puente de Piedra, hicieron llegar su malestar al equipo de Gobierno de IU en el Ayuntamiento porque se había utilizado arena para cubrir el suelo del parque infantil y por los módulos metálicos, como los toboganes. El recinto se ha convertido desde que se inaugurara noviembre de 2019 en un lugar frecuentado por gatos callejeros, han denunciado.

El funcionario llegó tarde a su examen de oposición en 1996

Alberto Vega Vicente recaló en el Ayuntamiento de Zamora procedente de Madrid en 1996 ya envuelto en polémica, tras aprobar el examen de oposición el 26 de noviembre de ese año para entrar en el área de Medio Ambiente. La prueba no estuvo exenta de controversia porque el que llegaría a ser jefe de Parques y Jardines entró a la sala de comisiones del Consistorio, donde se celebraba la prueba, cuando esta “ya había comenzado”. Un dato que corroboran quienes entonces presenciaron el examen de oposición, incluso como meros observadores, pero sin formar parte del tribunal de oposición, presidido por quien ahora es asesor legal de Vega y entonces era teniente de alcalde y concejal de Personal, Ángel Macías, según rememoran ediles de los grupos de la oposición de aquella Corporación presidida por Antonio Vázquez, alcalde del PP.

Alberto Vega, con gorro, junto a Macías y su abogado. | Nico Rodríguez

La irrupción en la sala de Alberto Vega se produjo varios minutos después de que se ausentara uno de los concejales que se encontraban en la sala, en la que cupieron todos los aspirantes, por lo que la sorpresiva y tardía incorporación de Vega no pasó desapercibida. Quienes vivieron ese momento manifiestan que Vega se excusó con que “había tenido problemas en el viaje, con el coche o con el tráfico”, no recuerdan bien las mismas fuentes consultadas. Lo cierto es que quienes conformaban el tribunal no vieron ningún impedimento en que se sentara junto al resto de aspirantes y los ediles de los partidos de la oposición tampoco. Sí se produjo cierta indignación en el que había salido de la sala de comisiones para comprobar cómo marchaba otro examen que se desarrollaba en el Consistorio. Se fue una vez iniciada la prueba para la plaza de Medio Ambiente y visto que no había irregularidades en su desarrollo, salvo la anecdótica ausencia de uno de los inscritos, que resultó ser Vega Vicente. La indignación fue manifiesta cuando al volver comprobó que había entrado el aspirante con la prueba ya en marcha, y que se le había permitido realizar el examen. Sin embargo, nadie impugnó la tan traída y llevada oposición: ni los políticos, ni el resto de opositores. Y Vega pasó a formar parte del personal del Ayuntamiento de Zamora. Este exedil, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que, de haber estado presente, “habría exigido que figurara en el acta, al menos, la irregularidad absoluta que suponía dejar entrar a un opositor cuando ya había empezado la prueba”. El exconcejal afirma que “recuerdo el cabreo, pero el tribunal decidió que sí y nadie impugnó el examen”.

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