La auditoría interna no programada de una entidad de ahorro zamorana puso al descubierto reintegros ficticios con cargo a cuentas sin consentimiento de sus titulares en las localidades de Mahíde, Villardeciervos y Ferreras de Abajo por importe de 207.656,42 euros durante tres años, operaciones que la investigación abierta atribuyó al director y único empleado de esas oficinas en la Carballeda. Una atribución que, según el informe del auditor, obedece a que el propio imputado, que ahora niega los hechos, reconoció su conducta en su día “de palabra y por escrito” ante los técnicos y en presencia de otros empleados de la caja.

La irregularidad dio lugar a un procedimiento judicial en el que la Fiscalía Provincial acusa al empleado, de iniciales R.F.V., de un delito continuado de apropiación indebida por haberse quedado con esa cuantía a lo largo de los últimos tres años en los que permaneció vinculado a la caja. A esta infracción penal agrega otra de falsedad documental continuada, ilegalidad que se correspondería con la supuesta manipulación de las cuentas para realizar las anotaciones contables ficticias en las cuentas para extraer el dinero que habría utilizado en beneficio propio, de acuerdo con las conclusiones de la auditoría y de las investigaciones del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4.

El procesado se enfrenta ahora a una pena de 5 años de prisión y el pago de una multa de 6.480 euros, al estimar el Ministerio Público que entre febrero de 2016 y el mismo mes de 2019 obtuvo “un beneficio económico ilícito”, para lo que se valió de que era el único empleado de la entidad de ahorro, lo que le permitía “hacer asientos contables ficticios” sin levantar ninguna sospecha. La acusación pública exige a la Audiencia Provincial en su escrito de acusación que R.F.V. devuelva la totalidad del dinero que desapareció y que supuestamente fue a parar a manos del empleado, con lo que se pretende resarcir de la entidad que se vio obligada a reponer los 207.656,42 euros para no perjudicar a los titulares de las cuentas.

De hecho, la caja interpuso una querella en los juzgados contra quien fue su empleado entre enero de 2013 y marzo de 2019 para recuperar esa cantidad, convencida de que R.F.V. era la persona que había manipulado los ahorros de los clientes perjudicados por reintegros que nunca autorizaron. La entidad considera que, además del delito de apropiación indebida, el exdirector de las tres sucursales ha cometido un delito de falsedad documental, por lo que solicita a la Audiencia que le imponga penas de 6 años de prisión y una multa de 6.480 euros.

El mayor perjuicio se habría ocasionado a los clientes de Villardeciervos, donde los técnicos detectaron movimientos que los titulares de las cuentas no habrían realizado por un importe global de 142.091 euros; en Mahíde la cuantías que ascendían a 38.371 euros; y en la oficina de Ferreras de Abajo, a 27.183 euros.