Más de 150 familias zamoranas precisaban de una vivienda de alquiler social antes de la pandemia, aunque ese número puede verse significativamente incrementado cuando termine la moratoria del pago de alquileres y de hipotecas el 9 de mayo, al decaer el estado de alarma e iniciarse los desahucios, explicaba el portavoz del Plan de Choque Social Zamora, Javier Coco. La dimensión del problema vuelve a poner sobre la mesa la reivindicación de que se cree un parque de vivienda pública social, para lo que esta plataforma plantea a la Junta de Castilla y León conversaciones con los propietarios de los 20.000 pisos o casas que están vacías en la provincia de Zamora.
La apertura de una negociación para lograr el alquiler con precios asequibles para familias y personas en situación de vulnerabilidad es una alternativa viable, a juicio de los integrantes de Plan de Choque Social Zamora, que ayer se concentraron ante la sede de la Delegación de la Junta. Junto a ellos, familias que temen quedarse en la calle con sus hijos cuando termine la moratoria, explicaba una zamorana.
En la manifestación, Silvia Carballo Escudero, en situación de vulnerabilidad, hacía hincapié en las consecuencias que generará el fin del estado de alarma el 9 de mayo, “estamos preocupados”, aseguraba en referencia a ciudadanos y familias con dificultades para pagar sus viviendas. “Mucha gente, con hijos a cargo, va a ir a la calle, va a ser desahuciada, por eso exigimos que la Junta, por favor, escuche nuestro ruego y haga un parque de vivienda social o que nos alquilen las que estén cerradas”. Carballo Escudero pidió que “ojalá nos escuchen, no nos queremos ver en la calle”.
Los desahucios por impago de alquiler o de hipoteca afectarán, pues, a más de esas 150 familias que ya tenían problemas económicos antes de la pandemia para pagar alquileres. Son las mismas que solicitaron una de las cinco viviendas de alquiler social que la Junta sacó a adjudicación en la provincia poco antes de declararse la pandemia y que están pendientes de entregar. Esa elevada demanda da idea de la apremiante necesidad de tomar medidas para solventar el problema habitacional existente, apuntaba Javier Coco.
Esta circunstancia y el hecho de que existan cerca de 20.000 viviendas vacías en la provincia (un 14% del total de las que hay) han llevado a esta plataforma social a exigir al Gobierno autonómico la ampliación del parque de vivienda, la misma petición que registraba ayer junto a familias afectadas en la Delegación. Los zamoranos en riesgo de exclusión social piden junto a Plan de Choque Social reuniones y que la Junta negocie con los propietarios de esos pisos y casas vacías para que se incorporen a los alquileres sociales.
