Los zamoranos formularon el pasado año 2020 un total de 441 quejas frente al Procurador del Común, de las que el 80% se correspondieron con cuestiones eminentemente sanitarias, aunque también de consumo. El balance de la actividad anual de este órgano pone de manifiesto cómo la crisis del coronavirus incrementó el número de peticiones de amparo de los ciudadanos ante este órgano. No en vano, un 28% de las quejas y actuaciones de oficio estuvieron relacionadas con el COVID y, en su mayoría, se correspondieron con cuestiones de índole sanitaria, educativa o de servicios sociales.
El informe anual del año 2020 entregado por el defensor autonómico en las Cortes de Castilla y León recoge, por lo tanto, casi medio centenar de quejas formuladas por los ciudadanos de la provincia. De los 441 expedientes, un total de 399 iban dirigidos a la administración autonómica, que es quien ostenta las competencias en sanidad, educación y servicios sociales. Además, 31 ciudadanos pidieron amparo para solucionar problemas frente a los ayuntamientos y diputaciones, mientras que ocho lo hicieron para mediar con el Estado. Las quejas fueron individuales, en su mayoría, aunque se produjeron doce colectivas y dos con varios firmantes.
Entre los expedientes que afectaron a la provincia de Zamora, destaca el que involucró a las diferentes administraciones para dar solución habitacional a una familia residente en la capital y pendiente de ejecución del desahucio de su domicilio por impago del alquiler. El Procurador del Común, tras mediar con la Junta y el Ayuntamiento de Zamora, recomendó a la administración regional que impulsara “de manera decidida” la creación de viviendas de alquiler social en la capital, donde únicamente existen cuatro pisos disponibles. Igualmente, pidió al Consistorio que atendiera con celeridad las situaciones de vulnerabilidad.
En materia sanitaria, el Procurador del Común se pronunció sobre la situación vivida por los pacientes del Centro de Salud Virgen de la Concha, derivados al hospital al carecer de servicio de Fisioterapia. Asimismo, tuvo que intervenir tras las quejas ante la falta de un urólogo en el Centro de Especialidades de Benavente, que se resolvió exigiendo a la Consejería de Sanidad a garantizar el derecho a la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria para los ciudadanos.
El defensor, por último, destaca la intensificación de la realización de actuaciones de oficio en el medio rural y en materias no relacionadas con la pandemia. Entre ellas, alude a la brecha digital “que sufren muchas personas que residen en el medio rural” o la protección de elementos de la arquitectura popular, como el expediente relativo al palomar de Carrascal.
El Consejo Consultivo emite 458 dictámenes y multiplica la actividad del Tarcyl
El Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, emitió el pasado año 2020 un total de 458 dictámenes. A esta actividad hay que añadir, además, los 207 recursos resueltos por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl), que fueron principalmente dirigidos frente a contratos de servicios rubricados por las administraciones locales. Así se desprende de la memoria anual elaborada por el órgano presidido por Agustín Sánchez de Vega, donde se pone de manifiesto que, de los 458 dictámenes aprobados a lo largo del ejercicio anterior, más del 60% se correspondieron con consultas realizadas por las administraciones locales de Castilla y León, tales como diputaciones, ayuntamientos y juntas vecinales. Además, más de un centenar de las consultas las protagonizaron expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria.
