La Policía Nacional acaba de desarticular una red de inmigración ilegal de ciudadanos marroquíes menores y mayores de edad traídos en patera a Zamora, donde se detuvo a uno de los cinco investigados; a León, a Palencia y a Valladolid para su explotación laboral en granjas con sueldos bajos o sin remuneración, que trabajaban largas jornadas a cambio de comida y sin descansos semanales.
Otro de los delitos de que se acusa a los investigados y a los 10 detenidos es el relativo a fraude a la Seguridad Social, según informa la Sudelegación del Gobierno en Zamora. Las víctimas a menudo comenzaban a trabajar antes de tener la autorización de residencia en explotaciones ganaderas y no se les daba de alta en la Seguridad Social, dado que trabajaban sin autorización, indica la investigación policial.
“Se les aleccionaba de cómo y dónde esconderse en caso de inspección laboral y si no seguían estas órdenes para evitar ser vistos, eran agredidos físicamente, lesionados con sopletes en el rostro o con cuchillos en la espalda”, indica la Subdelegación. La organización criminal, asentada en esas provincias, entre ellas Zamora, conseguía las autorizaciones de residencia para los migrantes ilegales, que llegaban en patera tras abonar entre 3.000 y 10.000 euros, “por circunstancias excepcionales”, como el arraigo social, según la investigación policial.
El jefe de la organización, que residía en León, organizaba el traslado de las víctimas hasta esta provincia para alojarlos en pisos que tenían en los municipios de Mansilla de las Mulas, Valdepolo, Campo de Villavidel, así como en pueblos aledaños. De hecho, se les empadronaba en una de las viviendas controladas por el cabecilla o por sus colaboradores.
Los inmigrantes tenían que abonar por este trámite administrativo ilegal entre 150 y 300 euros, un trámite que “se realizaba de forma fraudulenta”. El líder de la red, al parecer, gestionaba el traslado de inmigrantes irregulares en patera desde playas de Marruecos hasta Algeciras y Cádiz. Otros integrantes de la organización los iban a buscar a esas localidades andaluzas para trasladarlos a otras provincias por carretera, en coche o en autobús. La red “ofertaba paquetes de traslado con entrada en España desde su país de origen”, según informa la Subdelegación.
El líder era intermediario entre víctima y empresario, gestionando los trámites del contrato y la presentación de documentación en la Oficina de Extranjería. El entramado criminal se valía de sus familiares para acudir en calidad de testigos y acreditar el arraigo social de las víctimas.
