Quisieron dejar su impronta, kilos de basura y excrementos esparcidos por el baño, antes de abandonar el piso ocupado ilegalmente, situado en el barrio de San José Obrero. La orden judicial llegó quince meses después de que los okupas cambiaran la cerradura para tomar posesión de la casa en junio de 2019. La dueña del inmueble, que recuperaba ayer su propiedad con intervención de la Policía Municipal y del Juzgado, ha tenido que desembolsar ya 790 euros para sanear la vivienda, heredada de su madre en abril de 2018. Además, tendrá que afrontar los gastos derivados del nuevo de alta del servicio de agua corriente, informó la abogada de la dueña, María Ares. Aunque la familia desahuciada ayer dejó recibos de luz por pagar a varias compañías, la titular de la casa no deberá subsanar la deuda.
La letrada remarcaba el largo tiempo transcurrido hasta que se ha podido liberar el inmueble y los perjuicios por los desperfectos, la acumulación de basuras (pañales, compresas usadas o restos de comida) y de ropas que impedían disponer del piso de inmediato, junto al hedor que desprendía a causa de la falta de higiene. Este agravio se suma a las pérdidas económicas por no poder alquilarla o vender la vivienda, remarca María Ares.
El Juzgado deberá ahora valorar los daños causados en diversos enseres, un sofá entre ellos. Los okupas “se llevaron, además, un microondas, un colchón y la televisión”, según la abogada de la perjudicada. La dueña tuvo que pedir la ejecución de la sentencia para lograr echar a los inquilinos ilegales, que hicieron oídos sordos a los dos plazos que les otorgó el Juzgado de Zamora para que dejaran voluntariamente el piso situado en la planta baja del número 6 de la Cuesta del Bolón.
La puerta no abría
La ocupación fue descubierta en junio de 2019, “cuando un familiar de mi clienta fue a enseñárselo a un posible inquilino con un trabajador de la inmobiliaria. La puerta no abría”, relató María Ares. En ese preciso momento, apareció la okupa, “que venía del bar próximo, diciendo “yo vivo aquí”. Sacó su llave y entró” ante la estupefacción de todos. La dueña tuvo que interponer denuncia por vía penal, aún por resolver; y civil que concluyó en febrero pasado con una sentencia que ordena el desahucio. La juez concedió, entonces, dos meses a los okupas para que dejaran el piso porque la mujer estaba embarazada, sin embargo, la pareja obvió la orden judicial y la ejecución del fallo se vio dilatada por el estado de alarma. Recuperada la normalidad, la titular del piso vuelve a pedir a la magistrada que ejecute la sentencia y, de nuevo, se insta a los okupas en septiembre a que dejen la casa en quince días, plazo vencido el 24 de ese mes.
No ha sido hasta la mañana de ayer, a las 10.00 horas, cuando ha tenido lugar el lanzamiento de los inquilinos ilegales, bajo la supervisión de la autoridad policial y la comisión judicial, en presencia de la representante legal de la propietaria, que ha mostrado su indignación a través de su abogada.
