“Una arrendataria imaginaria” y siete inquilinos. La historia comienza en abril del año pasado, cuando los vecinos observan que un desconocido entra y sale del piso de al lado. Extrañados, deciden comentárselo a los propietarios a los que conocen de toda la vida. El matrimonio se encontró con la vivienda habitada y sin posibilidad de entrar en ella porque sus llaves ya no abrían la cerradura. Alguien la había cambiado.

El inmueble permaneció ocupado de forma ilegal todavía un tiempo a pesar de que la pareja demostró que nunca había alquilado esa casa y que no conocía a quien la había convertido en su domicilio. Incluso tuvieron que aportar la documentación que demostraba que la vivienda estaba en desuso, ya que el servicio de agua estaba cortado.

Pero ni aún así el juez logró expulsar tan fácilmente al singular inquilino, quien en el mismo juicio en el que se ventilaba el desahucio presentó un contrato de alquiler fechado el 10 de abril con dos años de validez. El precio de arriendo: 350 euros mensuales, la misma cantidad que aseguró haber abonado por dos meses de fianza. En total 1.050 euros. Para poder tomar de nuevo posesión de su propiedad, la pareja tuvo que denunciar por vía civil al supuesto arrendatario, fue preciso abrir una investigación judicial para demostrar que había suplantado la titularidad de su casa y que alguien había cambiado la cerradura original para “tomar posesión” de la misma, según las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado número 1 de Zamora. La causa civil ha terminado con el procesamiento del falso inquilino en el Juzgado de lo Penal. Aclarado el entuerto y devuelto el piso a sus dueños, la Fiscalía denunció al hombre, de iniciales D.P.M., por presentar un contrato y facturas falsas en el juicio por desahucio , delito que la magistrada de lo Penal deberá ahora decidir si existió y si el procesado debe ser condenado a cinco meses de prisión y una multa de 1.500 euros.

El imputado como “ocupa” relató en el juicio haber escuchado en un bar a una mujer contar que tenía en alquiler un piso. Así cerró el trato, tras llegar a un acuerdo, para poder disponer del piso. La supuesta arrendataria resultó ser una ciudadana de “identidad inventada”, así como su DNI. Los sobresaltos no terminaron ahí para los verdaderos dueños del inmueble del popular bloque de viviendas sociales de San José Obrero. Cuando por fin el juez decretó por sentencia el lanzamiento de la casa, tras comprobar que la documentación aportada por el arrendatario era ilegal, ante los ojos de los funcionarios judiciales desfilaron hasta seis personas que pagan regularmente por vivir allí. Las habitaciones se habrían realquilado por 200 euros al mes, según fuentes judiciales.