El Pleno del Ayuntamiento de Toro ha aprobado este lunes, con los votos en contra de Ciudadanos y el PP, una modificación presupuestaria, en la modalidad de crédito extraordinario, financiada con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, con el fin de incluir facturas pagadas y fiscalizadas en anteriores mandatos, por valor de 541.000 euros, pero que no fueron incluidas en sus respectivos presupuestos.

La concejala de Economía, Ángeles Medina expuso en la sesión parte de su informe en el que destaca que, una vez conocida la existencia de un “saldo histórico” en una cuenta, debe ser objeto de una depuración contable y presupuestaria sin que pueda demorarse, al objeto de cumplir la “imagen fiel” del patrimonio municipal para el que ya no existe crédito y que se trata de obligaciones pagadas y no reconocidas en ejercicios anteriores a 2015 y durante aproximadamente una década, por lo que no fueron aplicadas a sus respectivos presupuestos. 

Además, advirtió de que la habilitación de una partida en el presupuesto vigente es solo el primer paso de un largo proceso, ya que posteriormente será necesario reconocer las facturas y realizar los ajustes contables precisos para que no vuelvan a aparecer en la Cuenta General del Ayuntamiento.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gómez, expresó públicamente su malestar y disconformidad, porque informes claves sobre la depuración contable no fueron facilitados a los grupos de oposición antes de la comisión informativa en la que se dictaminó el asunto y el equipo de Gobierno “tiene la obligación” de ponerlos a su disposición.

Además, criticó las declaraciones realizadas por el Gobierno local en una rueda de prensa sobre las facturas con las que, en su opinión, se ha tratado de “manipular a la opinión pública” y aclaró que la modificación presupuestaria aprobada por el Pleno se limita a una depuración contable de pagos ya realizados, por lo que “no hay ningún agujero económico que hayan descubierto” como así lo refleja el Interventor en un informe.

Además, recordó que el equipo de Gobierno ha recurrido en varias ocasiones a reconocimientos extrajudiciales de crédito para reconocer facturas sobre las que Intervención ha emitido reparos y que no estaban incluidas en el presupuesto en vigor. En el caso de las facturas que han motivado la depuración contable, Gómez Valdespina aclaró que “se pagaron por decreto de Alcaldía” y que estaba previsto elevar al pleno tan pronto como fuera posible para reconocerlas mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito y levantar los reparos de algunas.

Por “un error del programa o humano” como señala Intervención, apuntó el portavoz de la formación naranja, “no se llegaron a elevar al Pleno, lo que no significa que haya un delito ya prescrito” como ha afirmado el equipo de Gobierno. De otro lado, aclaró que las facturas “no estaban ocultas ni en un cajón porque esto no son los ERES de Andalucía”, a la vez que enmarcó las acusaciones del equipo de Gobierno en una “cortina de humo” para desviar la atención sobre la polémica suscitada en torno a proyectos de plantas fotovoltaicas.

Por su parte, el portavoz del PP, Alejandro González, criticó que el equipo de Gobierno haya denegado a su grupo el acceso a las facturas del expediente, cuestión sobre la que el alcalde, Tomás del Bien, aseguró que no han realizado una petición por escrito. El portavoz popular criticó que en el expediente “hay omisiones que desmontarían las falsedades” vertidas por el equipo de Gobierno, y subrayó que a su grupo le consta que ninguno de los reparos emitidos sobre las facturas esté pendiente de levantar, facturas que, por otra parte, “están pagadas y fiscalizadas”.

En cuanto a la auditoría a la que ha aludido el Gobierno local preguntó quién se ha encargado de su elaboración, aunque se mostró convencido de que la ha realizado “la empresa de Manolo y Benito”. Del mismo modo, acusó al PSOE de “convertir un ajuste de saldos contables en un ajuste de cuentas” y de asumir el papel de juez, por lo que invitó al equipo de Gobierno a que si detecta irregularidades acuda directamente a la Fiscalía.

Cerró el debate la concejala de Economía quien aseguró que no se va a retractar de sus palabras y remarcó la “gravedad” de los hechos porque, como recordó, "se han usurpado funciones que corresponden exclusivamente al Pleno", en alusión a que es el único órgano competente para el levantamiento de reparos de los técnicos, afirmación que pusieron en duda los grupos de oposición.