La nueva política de ingresos en la Residencia Virgen del Canto de Toro puesta en marcha por la administración de Fernando Martínez Maíllo ha encontrado, desde el inicio, problemas de protocolo que han provocado una paralización en las entradas de pacientes. La decisión de ingresar únicamente enfermos psíquicos es, de por sí, una maniobra que ralentiza el proceso de admisión debido a la exhaustiva evaluación a la que han de ser sometidos los pacientes, según informó la diputada de Política Social, Maribel Escribano. Sin embargo, la dificultad de este proceso ha hecho que el Hospital Provincial de Zamora se haya visto en la tesitura de dar varios resultados negativos, por lo que las admisiones se encuentran actualmente en punto muerto.

Desde el pasado mes de diciembre, la Diputación Provincial de Zamora se encuentra inmersa en un proceso de evaluación de pacientes psíquicos ingresados en otros centros de Castilla y León y, de hecho, durante este tiempo han sido un total ocho los pacientes que han ingresado en el centro toresano. No obstante, la dificultad de diagnóstico para este tipo de enfermedades está provocando una auténtica paralización a este respecto. Según explica el diputado de Izquierda Unida, Francisco Molina, «dicho protocolo exige que los psíquicos que vayan a ser trasladados a Toro, deben estar un mes en cuarentena en el Hospital Provincial de Zamora». Sin embargo, últimamente las pruebas de viabilidad están resultando negativas, haciendo imposible trasladar «a ningún otro paciente» psíquico al centro toresano para su pertinente ingreso en la institución.

Esto es causa de la dificultad en el diagnóstico. «Es lógico que no se pasen las pruebas, pues existe confusión entre la demencia senil con la demencia a secas, que en casos no severos de esta última, puede dar lugar a la confusión», analiza Molina.

Por otra parte, tras la última Comisión de Bienestar Social celebrada en la Diputación de Zamora se ha conocido también que la Residencia Virgen del Canto permanece sin una persona al frente que la dirija, al hacerse cumplir la ley de estabilidad impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy. La actual directora permanece de baja y, bajo esta norma, no es posible crear un puesto sustituto durante la ausencia de la titular.