Extremadura estudia proteger a dos de los menores implicados en los ‘desnudos’

La secretaría general de Servicios Sociales, Inclusión y Familia de la Junta de Extremadura estudia poner medidas de protección a dos de los menores implicados en los falsos desnudos de Almendralejo, que afecta a 21 víctimas, todas también menores de edad. La sección de menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz investiga a 26 niños de entre 14 y 17 años como presuntos autores de los hechos pero ya ha archivado la causa para cinco de ellos. Son los que no han cumplido aún los 14 porque, al ser inimputables penalmente, el Ministerio Público no tiene competencias con respecto a ellos. 

Con tres de estos cinco no se hará nada, a pesar de su implicación en los hechos (no ha trascendido si participaron en la creación de las imágenes, las difundieron o simplemente las recibieron y las guardaron en sus dispositivos móviles). En cambio el Ministerio Público sí ha trasladado a la Junta de Extremadura el expediente de dos de estos menores de 14 años, al tener sospechas de que su participación en el caso haya podido ser consecuencia de su situación social o familiar actual. Lo que se busca principalmente es protegerlos y corregir esos problemas del contexto en el que viven para prevenir que eso les lleve de nuevo a participar en actos delictivos. No se trata, por tanto, de medidas orientadas a reprender su actuación, sino a la protección y a la reorientación de estos menores.

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De esta forma, tras la petición de la Fiscalía, los servicios sociales valoran ahora la situación de estos dos niños para determinar si son necesarias esas medidas de protección. «La Fiscalía de Menores ha registrado una petición para que se valore la situación sociofamiliar de dos de los menores de 14 años. En este momento se está procediendo a esta valoración por parte de la Secretaría General», confirman fuentes de la Consejería de Salud, a la que pertenece la secretaría general de Servicios Sociales. Del mismo modo, este organismo ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Almendralejo programas de atención especializada para la atención psicosocial que puedan necesitar tanto los menores implicados como sus familias.

de los autores, 21 en total, que tienen entre 14 y 17 años. A ellos, al ser mayores de 14 años, sí se les puede exigir una responsabilidad penal en el caso de que se confirme su implicación en los hechos y su grado de autoría, pero siempre dentro de lo que regula la ley del menor. Eso significa que a los acusados no se les pueden imponer las mismas penas que a un adulto, sino que serán medidas (en la jurisdicción del menor los castigos se denominan medidas en lugar de penas) que pueden ir desde una mera reprensión hasta trabajos en beneficio de la comunidad, seguimiento de cursos, terapias ocupacionales o, en los casos más graves, hasta 8 años de internamiento en centros de menores. Si fueran mayores de edad la condena para estos hechos conllevaría penas privativas de libertad. Del mismo modo se les puede exigir una responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados.

La Fiscalía no informará

Desde la Fiscalía ya advierten de que no se informará sobre el curso de la misma, precisamente para proteger a todos los menores, tanto si son autores como víctimas. En lo que se centra ahora el Ministerio Público es precisamente en confirmar qué grado de participación ha tenido cada uno en los hechos: si han sido los encargados de crear los desnudos trucando las imágenes reales de las menores mediante una aplicación de Inteligencia Artificial, que permite desnudar a cualquier persona que aparezca en una fotografía, o si las recibieron, las guardaron o las difundieron a terceras personas. No es lo mismo haber participado de una u otra forma pero todos esos actos son constitutivos de delito. Ya lo dijo en una entrevista concedida a este diario por este asunto el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero: «La creación de los desnudos es el inicio del ‘iter criminis’ (locución latina que significa el camino del delito, muy utilizada en derecho penal), pero esto no se agota en la creación de la fotografía porque la mera tenencia en un dispositivo electrónico, como un móvil o un disco duro, de fotografías pornográficas relativas a menores de edad, es delictivo. Pero además es agravado si esa tenencia la distribuimos a terceras personas».

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 En el seno de la investigación se recibirá declaración a los 26 menores implicados y se practicarán diligencias sobre los teléfonos móviles y periciales sobre las fotografías que se difundieron. Además se solicitarán informes psicológicos, educacionales y de los colegios a los que acuden estos niños, para conocer el contexto social, personal y familiar en el que se desarrollan.

Paralelamente también ha abierto una investigación de oficio la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que podrá imponer sanciones administrativas a los presuntos autores que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros, máximo fijado por este organismo para multas de particulares. Esta investigación es paralela a la que se lleva a cabo en el juzgado. En el caso de que finalmente se les imponga una multa, ante la misma responderían los padres, al ser los acusados menores de edad.