Una María Antonia Munar sensiblemente desmejorada, tras casi ocho meses en prisión y con ocho kilos de menos, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante el juez que le investiga por, supuestamente, cobrar casi 2,5 millones de euros de sobornos de la multinacional Sacresa, que se adjudicó a cambio unos solares situados en el barrio de Palma de Mallorca conocido como Can Domenge.

Miguel Ángel Llinàs, alias «Cameta» y supuesto correo de esos sobornos (más otros hasta cuatro millones de euros) desvinculó ayer a la expresidenta de Unió Mallorquina (UM) de esas comisiones.

Munar había intentado evitar aparecer en público como una reclusa, alegando que era mejor prestar declaración por vídeo conferencia. El juez Enrique Morell le denegó esa posibilidad y ordenó a la Policía que excarcelara a la expresidenta del Parlament balear para tomarle declaración.

A diferencia de otros presos que a diario son conducidos desde el centro penitenciario a los juzgados, Munar llegó a vía Alemania sin esposar. Tras su breve estancia en la sede judicial, lo justo para esperar a su turno y acogerse a su derecho a guardar silencio, la expolítica regresó, también sin esposas, a la prisión.

La exdirigente de UM padece desde hace años un cáncer, enfermedad que no fue un obstáculo para que el pasado julio entrara en prisión tras ser condenada a seis años de cárcel por amañar el concurso de adjudicación de las parcelas de Can Domenge en favor de Sacresa. Munar arrastra otra condena, esta firme y de cinco años, por desviar 240.000 euros del Consell insular de Mallorca a una productora de su propiedad.

En la cárcel mallorquina donde se encuentra, situada en la carretera de Sóller, Munar sigue padeciendo problemas de salud. La también exalcaldesa de Costitx se ha venido quejando de que la asistencia médica que le prestan en el centro penitenciario no es la adecuada para sus dolencias. Necesitaría un tratamiento que no le están dispensando. Munar también precisaría una dieta especial, que tampoco puede seguir en la cárcel. Ayer apareció con un rostro demacrado y una figura marcada por la delgadez. De hecho ha trascendido que ha perdido ocho kilos de peso. Munar está intentando conseguir un pacto con la Fiscalía anticorrupción para, a cambio de confesar delitos no juzgados y devolver las sumas desviadas, obtener una reducción de su condena.

Otra vía para mejorar su situación sería la de, una vez enjuiciados todos los casos pendientes contra ella, pedir, por razones de salud, el tercer grado penitenciario. Esta clasificación le permitiría abandonar la cárcel de día y volver solamente a dormir. De momento, ayer decidió guardar silencio sobre las imputaciones de los sobornos, en espera de que el acuerdo con la justicia se materialice.

A su salida, el letrado que defiende a Munar, José Antonio Choclán, se limitó a señalar que su patrocinada se ha acogido al derecho de no declarar «por una cuestión de coherencia procesal», al recordar que la sentencia del «caso Can Domenge», juzgado a mediados del pasado año por el amaño de la adjudicación de los terrenos -el supuesto cohecho se enjuiciará de forma independiente-, aún está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo. Munar fue condenada a seis años de prisión.

El jueves, el exconsejero de Territorio del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens, y el exvicepresidente insular Miquel Nadal, reconocía haber cobrado parte del soborno de cuatro millones de euros que la promotora Sacresa habría abonado a altos cargos de la institución insular a cambio de resultar adjudicataria de los solares palmesanos de Can Domenge. Ambos salieron de prisión, donde cumplen condena por varias causas de corrupción, para declarar durante tres horas ante el juez.

María Antonia Munar presentaba ayer -foto de la izquierda- una faz demacrada y un aspecto físico general muy desmejorado. Pese a mantener el caminar altivo que la caracteriza, la expresidenta de Unió Mallorquina ha perdido ocho kilos desde que, en junio pasado, ingresó en la cárcel, momento que recoge la foto de la derecha. La antaño todopoderosa «reina» de la política balear, se encuentra en prisión desde hace casi ocho meses tras ser condenada a una pena de seis años por corrupción.