Zamora, ¿proyecto industrial o tierra de sacrificio?

Basta con abrir cualquier mañana el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) para comprobar cuál es, a día de hoy, el destino que la Junta reserva a diario para la provincia de Zamora. Si uno realiza una búsqueda sencilla y teclea el nombre de nuestra provincia, la inmensa mayoría de las entradas no responden a la implantación de industrias de alto valor añadido, a la llegada de empresas tecnológicas de base territorial ni al refuerzo de nuestros servicios públicos. Aparece Zamora, en un goteo incesante, para anunciar la autorización de nuevos parques fotovoltaicos o la concesión de licencias para plantas de biogás o de hidrógeno verde.

Zamora no puede convertirse, por el simple hecho de ser una provincia castigada por la despoblación, en una tierra de sacrificio energético. Nadie se opone al desarrollo de las energías renovables ni a la implantación de la industria verde o digital. Pero lo que no es aceptable, bajo ningún concepto, es la falta de un modelo industrial autonómico, la ausencia de planificación y el vacío legislativo con el que la Junta de Castilla y León contempla el territorio. La competencia de definir una estrategia de desarrollo industrial para Zamora es de la Junta. Sin embargo, el gobierno de Mañueco prefiere actuar como una mera ventanilla de tramitación al servicio de macroproyectos privados, en lugar de como la administración responsable que debe velar por el equilibrio territorial. Y en este diseño, los propios vecinos y vecinas tenemos que ser partícipes activos del modelo industrial que queremos para nuestra tierra, decidiendo su futuro en lugar de asistir como meros espectadores a imposiciones ajenas.

Lo vemos de forma clara en la proliferación de plantas de biogás. Bajo la catalogación de "valorización de residuos" —un concepto que sobre el papel suena impecable y ligado a la sostenibilidad— se esconden en ocasiones instalaciones de dimensiones desproporcionadas. Si no se establecen criterios claros de tamaño ni límites de saturación para cada comarca, nos encontraremos muy pronto con un problema estructural: los inputs y residuos locales serán insuficientes para alimentar estas plantas, lo que terminará empujando a la propia industria a fomentar la producción de más residuos para mantenerse operativa. Esta es la antítesis de la verdadera economía circular y un riesgo evidente para el entorno. A ello se suma que cada licencia se concede analizando los proyectos de forma aislada e individualizada, ignorando el impacto acumulativo sobre nuestros acuíferos, nuestro suelo y la calidad de vida de nuestros vecinos. Y todo esto ocurre mientras Castilla y León carece, a estas alturas, de una normativa específica que regule la implantación de estas industrias. No hablamos de prohibir, hablamos de ordenar, equilibrar, dimensionar.

El último capítulo de esta política de hechos consumados lo vivimos en Monfarracinos. El presidente Mañueco acudió a vendernos la ampliación del polígono Zamora Norte como si fuera una mera actuación de suelo industrial tradicional. Lo que ocultó entonces fue la letra pequeña: la implantación de un macrocentro de datos hiperescalar de Inteligencia Artificial que ahora, por la vía rápida y mediante resolución de la Consejería de la Presidencia, ha sido declarado de urgencia como "Proyecto Regional" por la Junta.

Una maniobra que no busca sino blindar la tramitación, restar competencias de ordenación a los ayuntamientos afectados y facilitar la expropiación urgente de terrenos agrícolas.

Nadie cuestiona las cifras de inversión millonaria que se lanzan a los titulares, pero sí exigimos rigor y transparencia: estas instalaciones conllevan una demanda energética masiva y un consumo de recursos hídricos gigantesco, que requieren, cuando menos, un análisis pausado y en diálogo con los vecinos.

Además, desde la administración autonómica se cae frecuentemente en la trampa de abultar las cifras de empleo, mezclando deliberadamente los puestos temporales de la fase de construcción con los puestos de trabajo estables que realmente se mantendrán a lo largo de los años. Esa falta de información rigurosa, sumada a un discurso oficial escorado hacia la propaganda y las bondades absolutas, es precisamente lo que genera desconfianza entre los zamoranos.

Zamora no necesita que la traten como una colonia de extracción de recursos con los que abastecer de energía y agua a las multinacionales mientras que los beneficios vuelan a cientos o miles de kilómetros. Zamora necesita que la Junta ejerza sus competencias, ordene el territorio, fije topes razonables al impacto ambiental acumulado y garantice que cualquier proyecto industrial deje riqueza duradera, empleo de calidad y respeto por el medio rural.

Todavía estamos a tiempo de exigir un modelo industrial justo; lo que no vamos a tolerar es que la inacción del gobierno autonómico convierta a Zamora en un granero energético. Somos muchos los que aún queremos vivir aquí y nuestra voz merece ser escuchada y respetada. Luchemos por ello.

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