Para asegurarse de que los altos funcionarios de la Corona -incluidos los Virreyes- habían cumplido con sus deberes al terminar su mandato, el derecho castellano establecía que debían ser sometidos a un “juicio de residencia”, una fascinante figura que buscaba garantizar, en un mundo con unas comunicaciones inimaginables hoy, que todos cumplían con su deber y que no escapaban a la fiscalización del derecho. Visto lo que ha pasado con la pandemia originada por el Coronavirus SARS-2, no sería mala idea que la Administración española actualice la figura y genere lo que podría llamarse un “juicio de lectura” a todos los altos cargos, incluidos los ministros, cuando cesan en su cometido. La inmediatez de la comunicación y la tiranía de la sociedad del espectáculo en la que vivimos ahogados han reducido al mínimo el tiempo que estos altos cargos tienen para leer y reflexionar sobre el medio plazo a lo largo de su mandato. En un mundo de “comunicación sin tregua”, como lo denomina el profesor Iñaqui Ezquerra, cada vez usamos más la palabra estrategia, pero cada vez podemos utilizarla menos. Y no es un problema de un partido o de otro en particular, sino de la presión mediática a la que vive sometida una élite política cuya jornada no termina nunca y cuya agenda le impide encontrar una sola hora de tranquilidad al día para leer o reflexionar sobre las tareas por desarrollar.
La pandemia ha venido a corroborar que somos una sociedad que produce cada vez más información pero que, al mismo tiempo, parece cada vez menos capaz de convertir esa información en conocimiento. Y es que, en nuestro complejo ecosistema político, se encargan informes de alto valor que, a la hora de la verdad, poca gente lee en profundidad. Es un problema grave ya que, sin base teórica, las políticas públicas quedan al albur del azar y se acaban desarrollando políticas por inercia, proponiéndose soluciones sin ningún fundamento teórico o, lo que es peor, intentando resolver problemas confundiendo los medios con los fines, como suele pasar, por ejemplo, en las políticas culturales, donde la misión de las bibliotecas (incrementar los niveles de lectura) se mezcla con los medios que se usan (número de libros comprados o prestados), como recuerda siempre el sociólogo Enrique Martínez Marín.
Esta pandemia nos ha dejado un par de ejemplos claros: en el año 2009, la Fundación Alternativas elaboró un informe, disponible aún en la web, para el Grupo Parlamentario Socialista, en aquel momento en el poder, con el objetivo de contribuir a “las medidas que desde el grupo socialista del Congreso puedan impulsarse en el camino de la mejora de nuestra seguridad.” En este informe se señala con claridad que diversos factores, como el elevado número de turistas que nos visitan, o la rapidez de propagación de cierto tipo de enfermedades, nos ponen en una situación de especial debilidad ante una posible “enfermedad emergente”. Alertaba, además, de manera literal, de la capacidad de estas enfermedades de “paralizar la economía [y] debilitar la confianza de los ciudadanos ante la impotencia de los gobiernos”. Recomendaba por ello más que hablar de prevención, hacerlo de “preparación de las infraestructuras públicas para minimizar los efectos negativos”, ante lo imposible de hacerles frente con rapidez. Para el autor, era clave, ante la descentralización de las políticas sanitarias, que el Estado dispusiera “de un organismo con amplias facultades ejecutivas y suficientes recursos operativos para mantener una coordinación interministerial y entre Comunidades Autónomas de forma continuada”. Nada de esto se hizo, y el ministerio de Sanidad llegó a esta crisis como uno de los ministerios menos dotados en cuanto a personal y presupuesto de la muy amplia gama de ministerios.
Algo parecido ocurrió con la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada por consenso en 2017 con Mariano Rajoy al frente del gobierno y que establecía ocho medidas de actuación para hacer frente a una posible pandemia, como la adaptación de la red de hospitales o la elaboración de un Plan Nacional de respuesta ante una pandemia biológica. ¿De quién dependía el impulso político de estas iniciativas? ¿Qué altos funcionarios tenían que haber implementado este tipo de medidas concretas tal y como establecía la Estrategia? Todas las personas que, de uno u otro color político, han tenido responsabilidades estos años ¿sabían que podía llegar este problema? ¿Fueron en algún momento conscientes de ello?
En un momento en el que es necesario innovar en la gestión pública, no estaría mal darle forma a un nuevo tipo de “Juicio de residencia” al que podríamos llamar “Juicio de lectura”, para asegurarnos que aquellos que tienen la competencia conocen los elementos más relevantes sobre lo que han de decidir: ¿Ha leído usted todo lo que tenía que leer durante su mandato? ¿Lo ha comprendido? ¿Qué conclusiones ha sacado de ello? Aunque quizá no sea más que una ilusión: el poder se ha difuminado tanto que ya no está en ningún sitio. Quizá nuestra incapacidad de anticipar decisiones sea más estructural de lo que queremos creer y esté relacionada con nuestra incapacidad para entender las grandes tendencias del mundo en el que adentramos. Cuenta Malcolm Gladwell que durante las revueltas a finales de los años sesenta en Irlanda del Norte, un periodista del Times preguntó en medio de una manifestación a un transeúnte qué estaba pasando y la respuesta de éste fue lapidaria: “Aquí quien no esté confundido es que no se entera de nada de lo que está pasando”. Pues algo así nos pasa con la gobernanza. Y con todo.
(Politólogo)
