Los fondos contradicen a Celsa y dicen que no podrá pagar su deuda en cinco años

El juicio que dirimirá el futuro de Celsa y si esta sigue bajo el control de la familia Rubiralta o pasa a manos de sus acreedores finaliza este viernes. A expensas de las últimas conclusiones, que tendrán lugar en la vista prevista para este martes. A la última vista oral han acudido este viernes los expertos citados por los fondos, que han alertado de que la actual propiedad no será capaz de hacer frente al próximo vencimiento de deuda en un plazo de cinco años y que el volumen de facturación del sector se reducirá a corto plazo, lo que complica todavía más la capacidad del grupo siderúrgico de mejorar su capacidad financiera.

El juicio hasta ahora ha transcurrido entre cruces de versiones. La actual dirección ha tratado de dibujar una imagen de sus acreedores como gente desvinculada y desconocedora del día a día de la compañía y que llevaría al "desastre" a la misma si se hiciera cargo. También ha tratado de desprestigiar los informes de los expertos encargados por los fondos, que tasan el valor actual de Celsa, por debajo de la deuda contraída. Un elemento clave para la resolución del juicio, ya que si la sentencia determina que Celsa vale menos de lo que debe, esta pasará a manos de sus acreedores.

La actual dirección de la corporación y el Gobierno pactaron un crédito de 550 millones de euros a intereses asequibles a cambio de una quita de los fondos. No obstante, esa renuncia no ha sido aceptada por los mismos, que han forzado el juicio. El experto contratado por la entidad financiera Kutxabank -el único acreedor que se ha opuesto a la reestructuración que plantean el resto- ha manifestado que el plan de reestructuración "no tiene ni pies ni cabeza". "Estamos seguros que en el quinto año no se va a poder proceder al pago", ha afirmado.

El périto ha situado la valoración actual del grupo siderúrgico -que emplea a 10.000 personas de manera directa en Catalunya, Euskadi y Cantabria- en una horquilla entre los 1.000 y 1.600 millones de euros; claramente por debajo de sus actuales niveles de deuda. La familia Rubiralta debe unos 2.700 millones de euros, en dos modalidades diferentes de créditos, a fondos como Sculptor, SVP, Golden Tree, Cross Ocean y JP Morgan.

Estos pretenden forzar, mediante la ley concursal, a que los Rubiralta les traspasen el 100% de la propiedad de Celsa para cobrarse la deuda que dicen que no podrán pagar. En este sentido, el experto de Deloitte contratado por los fondos a favor de apartar a los Rubiralta ha rebajado las expectativas sobre la capacidad de mejora del negocio de Celsa en un futuro, contribuyendo al relato de que no serán más capaz los Rubiralta de devolver lo adeudado mañana que hoy.

Incógnitas sobre el 'acero verde'

En este, Deloitte ha destacado que el negocio del acero está fuertemente influenciado por los ciclos económicos y que para los próximos ejercicios prevé caídas alrededor del 15% en la facturación, más concretamente en los años 2024 y 2025.

También ha alimentado la incertidumbre en relación al 'acero verde', que Celsa promociona como uno de sus productos de futuro. Deliotte pone en duda la definición precisa de este término a nivel legal y señala que Celsa no es el único jugador en ese mercado. Además, ha insistido en que en Europa existe una sobrecapacidad productiva que añade presión al sector y resta potencial de rentabilidad a Celsa.

El próximo martes están previstas las conclusiones y el "visto para sentencia" que dictará el juez titular del mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato. Del mismo depende el futuro y la propiedad de la principal empresa industrial catalana y la mayor acería de toda España. Un gigante que mueve cada mes en pagos a proveedores entre 500 y 600 millones de euros y que en 2022 facturó un total de 6.084 millones de euros.