Propietarios de La Culebra denuncian ante la Guardia Civil sacas de madera de los incendios sin su permiso ni retribución

Vecinos de Ferreras de Abajo, denuncian a la maderera por apropiación indebida, prevaricación, cohecho y enriquecimiento ilícito, y extienden la responsabilidad a la Junta

Tala y saca de madera quemada en el Monte la Carva de Ferreras de Abajo

Tala y saca de madera quemada en el Monte la Carva de Ferreras de Abajo

El presidente de la Comunidad de Bienes Monte la Carva, de Ferreras de Abajo, ha presentado una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil de Tábara, para su trasladado al Juzgado, tras la tala de pinos y otros árboles quemados tras los incendios de la Sierra de la Culebra, el pasado verano.

Elías Santamaría, en representación de los afectados, expone en la denuncia que las talas se están realizando en terrenos particulares "sin el permiso de los propietarios" y apunta que la empresa adjudicataria de la saca de madera podría estar incurriendo en presuntos delitos de "apropiación indebida, prevaricación, cohecho y/o enriquecimiento ilícito".

Los propietarios del monte "La Carva", con una extensión de 528 hectáreas, mantienen desde hace años una batalla para percibir los beneficios de los aprovechamientos forestales que por contrato les corresponde.

La denuncia justifica la propiedad particular de las fincas situadas en los polígonos 8, 9 y 10 de Ferreras de Abajo, que constituyen la Comunidad de Bienes Monte la Carva, desde que en el año 1891 los vecinos firmaron el compromiso de comprar los terrenos a José Rodríguez y Rodríguez, vecino de Benavente.

Los 111 compradores iniciales dividieron la finca en quiñones, aprovechando y cultivando ellos y sus herederos las fincas correspondientes, que fueron catastradas a nombre de los compradores y sus herederos. Y si bien las fincas no se encuentran registradas en el Registro de la Propiedad, "lo cierto es que los compradores de los montes y sus herederos han venido disfrutando a título de dueños, las fincas incluidas dentro de los polígonos de Ferreras de Abajo 8, 9, 10, desde el año 1891, lo que motiva la adquisición de las fincas por prescripción adquisitiva, ya que además disponen del título de compraventa de las mismas".

Elías Santamaría certifica en la denuncia que las administraciones públicas han reconocido la propiedad a los compradores del Monte la Carva y a sus descendientes, entre ellos la propia Consejería de Medio Ambiente, "a la que nos dirigimos, desde el momento en que el Icona y el Iryda firman con los propietarios de los terrenos a través de la Hermandad de Labradores un consorcio con la Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado, con fecha 16 de febrero de 1959" por el que se procedía a la plantación de pinos en el Monte la Carva, por parte del Estado, quedando la propiedad de las fincas en manos de los propietarios que eran vecinos de Ferreras de Abajo. Con la transferencia de competencias, la Junta se subrogó en el contrato.

Los propietarios defienden que la propia Administración Autonómica ha reconocido la propiedad particular de los terrenos del Monte la Carva a los titulares que figuran en el catastro de la mismas y ha reconocido incluso la representación dentro de las Juntas Consultivas de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra.

Los propietarios de las parcelas constituyeron la Comunidad de Bienes Monte de la Carva, que engloba a "más del 80% de los propietarios", por lo que considera que está capacitada "para reclamar el abono los aprovechamientos" y por tanto no puede recibirlos el Ayuntamiento de Ferreras de Abajo, "puesto que no es el propietario de las parcelas". Apuntan en la denuncia que el propio Ayuntamiento viene cobrando el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica a los propietarios de dichas parcelas.

Aluden en la denuncia a las subastas y adjudicación, por parte de la Junta, de lotes de pertenecientes a la extracción de la madera quemada tras los incendios forestales, entre ellos los que afectan a los terrenos de Ferreras de Abajo, incluidos los del Monte la Carva, "por cuanto desde la primera y segunda semana de marzo han venido realizado la corta de la madera las presuntas adjudicatarias".

Sostienen que las empresas adjudicatarias están cortando los pinos quemados "de propiedad privada" y no son propiedad ni del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo ni de la Junta de Castilla y León. "Por lo tanto la Consejería de Medio Ambiente no podría haber adjudicado dicha madera a terceros por cuanto las fincas son de propiedad privada y la madera que hay en las mismas también".

Tras solicitar a la Consejería de Medio Ambiente las actas de la adjudicación de la madera quemada de los polígonos 8, 9 y 10 de Ferreras de Abajo, "no ha contestado, ni ha abonado el valor de la madera a los propietarios de los terrenos".

Consideran que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de apropiación indebida, prevaricación, cohecho y/o enriquecimiento ilícito de los que serían presuntamente responsables, las empresas adjudicatarias de la corta y saca de la madera quemada de las fincas del Monte la Carva "y los funcionarios y o responsables políticos de la Consejería de Medio Ambiente que procedieron a realizar la adjudicación de la madera quemada".

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