El anuncio del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre la próxima publicación de una Orden para compensar los daños del lobo es bienvenida por los ganaderos.
En concreto la Alianza UPA-COAG, que había anunciado movilizaciones, considera que la compensación de daños a los ganaderos es "absolutamente imprescindible" para el mantenimiento de la actividad extensiva en las zonas de convivencia con el cánido.
Suárez-Quiñones ha confirmado que la Orden para compensar los daños de los ataques de lobo en las explotaciones ganaderas tendrá carácter retroactivo a 21 de septiembre de 2021. Y la partida es con cargo a los recursos propios de la Comunidad Autónoma hasta que el Gobierno se haga cargo de las cantidades adeudadas. El compromiso de la Consejería es adelantar lños pagos para evitar el perjuicio a los ganaderos, en referencia a los 8,8 millones de euros retenidos por el Gobierno central "como presión" a las comunidades autónomas que, como Castilla y León, no aprueban la Estrategia de Conservación y Gestión del lobo.
Hace dos semanas, la Alianza UPA-COAG había anunciado públicamente la convocatoria de movilizaciones de ganaderos en todas las provincias, incluida Zamora, para exigir precisamente la medida que ahora anuncia Medio Ambiente. Es por tanto un nuevo logro de la presión que COAG y UPA realizan día a día en defensa de los intereses de los profesionales de nuestro sector. No obstante, hemos de señalar que nos mantendremos vigilantes para que este importante anuncio no se quede en las páginas de un periódico y se publique en el boletín oficial.
Junto a la indemnización de los daños, la Alianza UPA-COAG trabaja para conseguir la simplificación del procedimiento de extracción de ejemplares especialmente conflictivos y el control de las poblaciones de lobo.
"Como venimos denunciando reiteradamente, los ataques al ganado no cesan y día sí y día también se ceban con nuestras explotaciones generando cuantiosísimas pérdidas, mientras Ministerio y Consejería de Medio Ambiente se desentienden del problema, enzarzados en su particular guerra política de desgaste. Castilla y León registra un ataque de lobo al ganado cada tres horas".
La Alianza UPA-COAG sostiene que “la Junta de Castilla y León tiene legitimidad para reclamar al Ministerio el dinero consignado para prevenir y compensar los daños que ocasione el lobo, pero también tiene competencias para actuar y desarrollar legislación propia. También tiene recursos; y si no son suficientes, tiene la obligación de buscarlos para ponerlos al servicio de un objetivo que es de toda la sociedad, como es conservar la biodiversidad, pero que por ahora sólo estamos pagando los ganaderos".
