Los concejales del Ayuntamiento de Galende aprobaron por unanimidad la rescisión del contrato de explotación de los cámpines de Folgoso y Peña Gullón en el transcurso de la sesión ordinaria celebrada ayer viernes.
El motivo es “por incumplimiento de contrato” por parte de la empresa Servicios Integrales Sanabreses que incluye el impago de canon, la falta de mantenimiento y el incumplimiento de apertura de Peña Gullón.
El pleno acordó además la incautación de la garantía a la vista de los daños y perjuicios valorados por falta de mantenimiento y prestación de servicios obligatorios, además de incumplimiento de las mejoras ofertadas y gastos pendientes de reintegro. El alcalde, José Manuel Prieto Ramos, recalcó que “no se puede perdonar nada de la deuda ni del destrozo, ni de todo lo que ha tenido el camping”.
Peritaje de los desperfectos
Se dio cuenta al Pleno del informe técnico sobre el estado actual de las instalaciones, que eleva las deficiencias por falta de mantenimiento a más de 250.000 euros. Esta valoración corresponde solo a las instalaciones que se pudieron examinar, porque no se pudo comprobar la red de abastecimiento, depuración, saneamiento y la instalación eléctrica.
En el camping El Folgoso los desperfectos suman 130.000 euros y Peña Gullón alcanzan los 120.000 euros, con la agravante de que este último camping ha estado cerrado los últimos años. Los informes de desperfectos se remitirán a la empresa para que alegue en el plazo de 10 días.
Un asunto judicializado desde 2018
Prieto evaluó que el contrato de concesión del Folgoso –suscrito en 2010– “no se ha venido cumpliendo de manera satisfactoria”. Como es público y notorio “se ha producido una falta de pago en los cánones anuales y, por tal motivo, anteriores corporaciones procedieron a rescindir el contrato, cuestión que se judicializó y finalmente fue resuelta en 2018”. El alcalde alegó que se han constatado otros problemas a raíz de la solicitud de la empresa de rescisión de contrato de “mutuo disenso” con el Ayuntamiento y que fue desestimado en diciembre del pasado año.
La oposición acusa al alcalde de empeorar el problema por no actuar antes
El portavoz socialista, José Manuel Chimeno Lois, repitió las preguntas de la sesión noviembre de 2021 en relación a la situación de los cámpines, e interpeló al alcalde por no resolver la situación “de manera unilateral” poniendo “una demanda de desahucio administrativa por falta de pago”. Chimeno culpa al alcalde de haber permitido “que el camping Peña Gullón se encuentre cerrado desde 2018” y que el bar y el restaurante del Folgoso también estuvieran cerrados.
Preguntó al responsable de la corporación por el perjuicio económico y evidenció el “daño” a la imagen “porque los comentarios han sido terribles” y que los campistas eligieran otras zonas. Chimeno señaló que la deuda del camping El Folgoso es “de un millón de euros” y la de Peña Gullón “de 300.000 euros”. Reprochó al alcalde “estar tirando un millón y medio de euros de los ingresos”, además de la evaluación de los desperfectos en las instalaciones que en ese momento no estaban peritados. Recriminó que “parece que pretende que los concejales de la oposición seamos responsables de la situación que usted creó”, aseveró para después añadir que “el concesionario “se irá de rositas y el Ayuntamiento deja de percibir un millón y medio. En seis años no han hecho nada”.
El hecho del que el grupo socialista votara a favor de la desestimación de resolución del contrato de mutuo disenso de los dos cámpines “no quiere decir que estemos de acuerdo con el proceder de la alcaldía en los puntos del orden del día”. En tres años “no se ha judicializado” la situación pese al gasto y cambio de abogados.
Graves deficiencias
Las memorias técnicas sobre el estado de las instalaciones “son demoledoras” y advirtió que “ese camping no se puede abrir, no cumplen nada” y que hay cosas “que no se pueden comprobar” y que representan una inversión importante que retrasará su apertura hasta que no se subsanen las deficiencias. La reparación será superior a lo evaluado por falta de comprobación de algunas de las instalaciones: “se han llevado hasta las calderas”.
Sobre la inspección señaló que ningún representante de la Junta asistió pese a que es la que autoriza la licitación de los cámpines, autorizaciones y permisos por estar en montes de utilidad pública.
Respuesta del alcalde
El alcalde instó a la oposición que “juega un papel importante” a “llevarme al Juzgado” si hay prevaricación. Concretó que hasta 2018 estuvo judicializado el tema de los cámpines y faltó el mutuo acuerdo entre las partes para cerrar el problema. Toda las actuaciones “han estado avaladas por los informes jurídicos, no me salto un informe jurídico. Si tengo un informe jurídico que me dice que no puedo entrar en el camping, no lo puedo hacer”.
