El Pleno de Galende rechazó por unanimidad la propuesta de resolución del contrato de la explotación de los campings municipales de El Folgoso y Peña Gullón, en el Pago de Sanabria, presentada por la empresa concesionaria, Servicios Integrales Sanabreses. La unanimidad en la votación estuvo precedida por un debate de posturas enfrentadas entre el portavoz del PSOE, José Manuel Chimeno Lois, y el alcalde de Independientes por Galende, José Manuel Prieto Ramos.
Las obligaciones pendientes de pago desde 2012 hasta 2018 de las dos concesiones asciende a 855.316 euros. De El Folgoso constan en el informe de Secretaría unas obligaciones de pago de 668.228 euros, hasta el fallo de casación desestimatoria. Chimeno afirmó que desde 2013 no constan facturas de canon ni requerimientos de pago. Las obligaciones pendientes del canon del camping Peña Gullón ascienden a 187.088 euros, según el informe de Secretaría. De 2019 a 2021 no están liquidados, lo que elevaría la deuda a un millón de euros.
El alcalde introdujo el debate para defender los pasos que se han dado desde el Ayuntamiento “desde la anterior legislatura y la actual se han seguido los informes jurídicos”. La empresa “ha actuado recurriendo a su favor, no siempre limpiamente y hasta aquí ha llegado”. La Alcaldía está en conversaciones con la empresa y próximamente se realizará una revisión de las instalaciones con personal técnico y de la corporación. Para el alcalde “la propuesta –de la empresa no es posible por interés general y jurídicamente no podemos incumplir el informe”. En la visita a las instalaciones se revisará también posibles intervenciones para una futura adjudicación. La actual concesión data del 19 de julio de 2010 con la firma de dos contratos.
Judicialización
El portavoz del PSOE, en su turno de intervención quiso concretar si estaba judicializada la concesión, si se contrató a un nuevo abogado como se acordó y si se le remitieron todas las liquidaciones para exigir el pago. El asunto de los campings ya no está judicializado, no hay abogado tras la sentencia del Supremo y durante la vía judicial –hasta el Tribunal Supremo- se paralizaron las liquidaciones. El portavoz del PSOE denunció que se adeuda más de un millón de euros por impago de los canon.
Chimeno interpeló al alcalde y quiso que constaran sus preguntas sobre por qué no resolvió de forma unilateral la situación y no presentó una demanda de desahucio por falta de pago. El alcalde contestó que se atuvieron a los informes. Chimeno reprochó que se permitiera el cierre del camping Peña Gullón, desde 2018, incumpliendo el contrato de concesión, pues “es ahora un escobal”, y el cierre desde ese mismo año del restaurante y el bar en El Folgoso. Señaló que el Ayuntamiento sabe el perjuicio que le ha hecho a la zona “porque la imagen y los comentarios han sido terribles y eso ha hecho que cantidad de campistas elijan otros lugares para sus vacaciones”.
El PSOE cuantificó la deuda por el camping El Folgoso en un millón de euros, y el de Peña Gullón entre 300.000 y 320.000 euros. “¿Qué ha hecho usted cuando en todos estos años no ha pagado nada la concesionaria? Usted ha claudicado y le ha generado al Ayuntamiento una deuda salvaje. Usted está tirando 1,5 millones de euros, los ingresos que le corresponden al Ayuntamiento”, aseveró Chimeno. El socialista recriminó que no estuviera hecho ya el informe pericial de cómo han quedado las instalaciones. A esta cuestión contestó el concejal del equipo de Gobierno, Agustín Santiago Sánchez, recordando que no pueden entrar en un local que está alquilado y “como hizo Villasante”, cambiar las cerraduras”.
Crítica del PSOE
Cuando se valoren los gastos ocasionados por el abandono de los campings “la factura puede pasar de los 200.000 o 300.000 euros”, valoran desde el PSOE. Chimeno responsabilizó al alcalde “de haber llegado hasta aquí” y no hacer nada en seis años y trasladó su “desacuerdo con la actuación”.
El alcalde señaló que se buscarán soluciones en el estado en que queden los campings y enfatizó que “a la empresa concesionaria se le seguirá reclamando lo que debe al Ayuntamiento, siempre legalmente”. El concejal Oscar Coca, del grupo independiente, recordó que la entrada a la tremenda y “el desahucio” del anterior alcalde agravó el problema. Chimeno señaló que no se cumplió el precepto de tener licencia de apertura obligatoriamente con el canon previamente abonado. Prieto recordó que una vez judicializado “no podíamos intervenir”.
El grupo Independiente aprobó la Ordenanza Fiscal de agua, saneamiento y depuración. El alcalde alegó que con esta ordenanza se paga el 50% del precio en vigor de la anterior ordenanza aprobada por Villasante, y que no cubre la totalidad del gasto de agua, además de admitirse algunas de las alegaciones. El portavoz de la oposición afirmó que “no es equitativa, no es progresiva, es discriminatoria, no es justa e induce al despilfarro, hasta el riego del huerto”.
