La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla y León ha presentado alegaciones al proyecto de Orden Ministerial por el que se incluirá al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Este cambio implica que quedará prohibido el aprovechamiento cinegético del cánido en todo el territorio nacional. Actualmente está permitido al norte del río Duero.
Esta organización profesional agraria alega que “la población única y continua del lobo presente en el noroccidente de la península ibérica se encuentra en un estado de conservación favorable, como demuestran los continuados aumentos registrados en los sucesivos censos realizados, tanto en cuanto a los efectivos poblacionales como a su área de presencia”. Añade que el comité científico que asesora al Comité de Flora y Fauna Silvestre reconoce en su informe que los criterios para incluir a una especie en el Lespre son subjetivos.
Asimismo, señalan que la propuesta de inclusión se fundamenta “únicamente” en el dictamen de un Comité Científico que “resulta muy cuestionable, con baja calidad científica” porque “es tremendamente escueto”, sobre el valor cultural “se limita a decir que es indudable”, y respecto al valor ecológico del lobo se limita a citar el estudio de Ascel, basado en estudios sobre el lobo “obviando que se realizaron en otros países y ecosistemas muy diferentes a los existentes en la península ibérica”, como reconoce la propia Ascel.
Por eso, desde UPA alegan que “en ningún momento se justifica la necesidad de la inclusión de la población noroccidental del lobo en el Lespre”, ya que en el documento de se limita a decir que resulta necesario mantener instrumentos de protección para las especies que se encuentran amenazadas, pero “el propio comité científico y el propio Ministerio reconocen que la especie no se encuentra amenazada, y por ello rechazan la solicitud de Ascel de inclusión en el Catálogo de Especies Amenazadas”.
Por otro lado, UPA recuerda que “en ningún momento se analizan las consecuencias de la inclusión” del lobo en el Lespre, es decir que no se han contemplado los efectos sobre la ganadería extensiva; y que el documento de consulta pública “reconoce que no se han valorado más alternativas”.
La organización cree que el cambio que pretende llevar a cabo el Ministerio “ignora absolutamente todas las legítimas manifestaciones contrarias de todas las organizaciones profesionales agrarias, que representan a los ganaderos directamente afectados”, así como ignora “la postura de la gran mayoría de las Comunidades Autónomas que albergan los lobos de España, dando más valor a la opinión de otras comunidades o ciudades autónomas como Baleares, Canarias o Melilla”.
Sostienen desde UPA Castilla y León que en esta Comunidad “la población se encuentra en expansión tanto al norte como al sur del Duero”. Para terminar, recuerdan que en Castilla y León “tenemos la experiencia del manejo de la población del lobo mediante controles poblacionales al estar la especie protegida al sur del Duero, y mediante gestión cinegética al norte del Duero”, lo cual habría demostrado que al sur, donde no se caza y solo se realizan controles poblacionales “se está produciendo un daño irreparable en la especie” pues “no es tan raro ver lobos enfermos o muertos por sarna”, mientras que al norte, donde la especie no está protegida “se ha demostrado que la gestión cinegética del lobo es beneficiosa para la especie, y no hay más que observar los datos de población y expansión”.
Postura común del Consejo Agrario de Castilla y León
Las cuatro organizaciones agrarias más importantes de la Comunidad, junto con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, fijaron esta semana en el Consejo Agrario una postura común respecto a esta cuestión de la propuesta de protección del lobo en todo el territorio nacional, que el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, transmitía ayer por carta a la vicepresidenta del Gobierno para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
La posición del Consejo Agrario de Castilla y León se concreta en el “total rechazo” al procedimiento seguido por el Ministerio para declarar al lobo ibérico como especie no cinegética en todo el territorio español “sin haber ponderado adecuadamente la opinión de las comunidades autónomas afectadas ni la de las organizaciones profesionales agrarias”.
Instan al Ministerio de Transición Ecolócia y Reto Demográfico a “reconducir las actuaciones e iniciar de inmediato un dialogo serio con las comunidades autónomas con poblaciones de lobo ibérico y con las organizaciones profesionales agrarias, con el objetivo de implantar en España un procedimiento de control del lobo ibérico que permita preservar la actividad de la ganadería extensiva y semiextensiva a la vez que se conservan los recursos naturales, eliminando la propuesta de sobreprotección al lobo ibérico que ha iniciado.”.
Por último, el Consejo “rechaza cualquier planteamiento de utilizarla financiación de la PAC para compensar a los ganaderos afectados”.
Las cooperativas agrarias de la Comunidad, a través de Urcacyl, también se unían a esta decisión, y adoptaban íntegramente el texto acordado en el Consejo Agrario.
