El lobo centró la mayor parte del último Consejo Agrario de Castilla y León, celebrado con el consejero de la Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez al frente, en sustitución del titular de Agricultura que aún se recupera del COVID-19. También participó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para dar cuenta de la reunión mantenida el lunes con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las organizaciones profesionales agrarias representadas en el Consejo (Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL) manifestaron la necesidad de establecer un sistema de control de esta especie en Castilla y León y las comunidades autónomas del Cantábrico, que asegure la permanencia de las explotaciones ganaderas extensivas que constituyen la actividad fundamental del medio rural en las amplias zonas rurales donde tiene presencia el lobo. El Consejo Agrario adoptó una posición común que se trasladará al Ministerio de Teresa Ribera, así como al de Agricultura. Con esta posición se reclama una respuesta al Gobierno de la nación que proteja la actividad ganadera frente al lobo y rechazando que se interpongan los fondos de la PAC como la solución para la compensación por los daños que produce.
Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria
El consejero Ángel Ibáñez también informó de la Conferencia Sectorial celebrada el lunes, en la que se aprobó el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, en la que también se habló de los problemas para los ganaderos que supondría la protección absoluta del lobo.
Por otro lado, se dio cuenta del decreto de mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios. Esta actividad es importante en Castilla y León por lo que representa para la actividad agraria y ganadera en la Comunidad, ya no solo por la información sobre los precios y las transacciones que se realizan, sino porque con la puesta en marcha de este proyecto se podrán proporcionar análisis históricos y facilitar tendencias de mercado, facilitando la transparencia.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural será la competente para el reconocimiento de estos centros, a través de su Dirección General de la Cadena Alimentaria. Para ello será necesaria la inscripción en el Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León y de Mesas de Precios, tener personalidad jurídica propia, disponer de las condiciones de ubicación, infraestructura, equipamiento y funcionamiento que permitan el correcto desarrollo de sus funciones, así como disponer de medios instrumentales y técnicos para la difusión de los precios por productos y cantidades comercializadas. Respecto a las lonjas, estarán compuestas por tantas mesas de precios como sectores en los que operen.
