Los concejales Independientes por Galende y Partido Popular aprobaron, en la sesión extraordinaria y urgente convocada ayer, la nueva ordenanza municipal de abastecimiento, alcantarillado y depuración. El alcalde José Manuel Prieto justificó la urgencia para que las nuevas tasas comiencen a aplicarse a partir del uno de enero del próximo año. La tasa será de carácter anual y se cobrará semestralmente.
El Grupo Socialista votó en contra de lo que su portavoz, José Manuel Chimeno, tachó en el debate de “tasazo” y de la propia urgencia de la sesión y alegó la falta de “consenso” y “acuerdo” para su diseño, además de puntualizar que su grupo no ha tenido acceso al estudio económico y financiero del expediente que justifica los precios. Para la oposición se penaliza a los empresarios y a los particulares.
El alcalde abrió su intervención para señalar que la propuesta trata de “unificar las dos ordenanzas” que existen actualmente, de abastecimiento por un lado y depuración por otro, y dedicar buena parte de su intervención a desglosar los tramos que gravaran los diferentes consumos. Zanjó un primer intento de debate cuando Chimeno reprochó esa falta de acuerdo” y sin dar participación a los ciudadanos y empresarios, y consensuar el precio por el servicio.
Las viviendas, casas rurales, cabañas y apartamentos entran en la clasificación de uso doméstico, dentro del servicio de abastecimiento, con una tasa 50 euros anuales para consumos de hasta 120 metros cúbicos. A partir de 121 metros cúbicos se aplicarán 0,32 euros el metro cúbico y 0,50 euros a partir de 181 metros cúbicos de consumo. Los bares y restaurantes y hoteles pagarán entre 120 y 180 euros, penalizados con consumos superiores entre 0,32 y 0,50 euros por metro cúbico según los dos tramos contemplados.
Los hoteles de hasta cinco habitaciones pagaran 80 euros y a partir de 6 habitaciones, 100 euros anuales. Como en los casos anteriores se aplicarán tasas de 0,32 y 0,50 para los consumos que excedan los máximos estipulados.
La tasa de agua para camping es de 600 euros para recintos de 500 plazas y un consumo de 2.400 metros cúbicos anuales, con el consiguiente incremento para los tramos de consumos superiores. Hasta 1.000 plazas se pagarán 1.200 euros para un consumo de 4.800 metros cúbicos y a partir de 1.000 plazas se cobrarán 2.400 euros al año. Los albergues de hasta 50 plazas pagarán 57 euros con un consumo máximo de 230 metros cúbicos. A partir de 51 plazas el precio asciende a 114 euros. Las explotaciones ganaderas contribuirán con 120 euros anuales, más los incrementos por consumos superiores a 240 metros cúbicos.
El servicio de alcantarillado y depuración costará 45 euros anuales a las viviendas particulares. Casas rurales, cabañas y apartamentos turísticos pagarán 45 euros por cada unidad. Los bares pagarán 110; con restaurante, 170 euros; hoteles y hostales hasta 5 habitaciones, 70 euros; a partir de 6 habitaciones, 90 euros. Los tramos para camping, según el número de plazas, oscilarán entre 600 euros y 2.400 euros. La tasa de depuración para los albergues abarcará desde 57 euros hasta 114, según el número de plazas.
Tras reprochar el portavoz del PSOE la falta del estudio técnico económico, apuntó el concejal de IPG, Oscar Coca, que el coste de los servicios es de 168.000 euros de depuración y 123.000 de abastecimiento, unos 291.000 euros, de los que con estas tasas no se cubrirá al 100%, alrededor de 202.000 euros.
Para Coca se cumple los objetivos de 2012 cuando se trató de aprobar una ordenanza consensuada, que no se aprobó en ese momento por “falta de voto”. Chimeno recalcó además de los precios gravosos para vecinos, 104.50 euros de agua y saneamiento por vivienda, el perjuicio para los empresarios en dificultades. El PSOE. censuró que el alcalde se expresara en 2012 públicamente contrario a pagar el agua –punto en el que enfatizó el concejal Miguel Ángel Martos-. Con el retraso se ha perdido la posibilidad de acceder a subvenciones para renovación.
Para el alcalde, el precio que se ha estipulado “es equitativo” y está la necesidad de pagar los costes del servicio, que en el caso de depuración se realiza a través de la encomienda de gestión con Somacyl. La concejala del grupo socialista, Marta Fernández Gómez, proponía bonificaciones para la gente sin recursos “que no llegan a final de mes” ya que la ordenanza no contempla ninguna ayuda o exención. El concejal Martos pedía penalizar los consumos más altos y gratificar el ahorro de agua a los consumos más bajos.
