El alcalde de Mahíde, el popular Roberto Cisneros de inhabilitación como cargo público por prevaricación,tras confirmar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León la emitida por la Audiencia Provincial de Zamora, que le imponía también un año y medio de prisión por conceder una licencia urbanística para construir una nave de aperos en suelo rústico en Torres de Aliste que resultó ser una vivienda. El TSJ sostiene que el edil tomó la decisión a sabiendas de que cometía una ilegalidad, puesto que tenía informes técnicos contrarios a la edificación.

El Tribunal destierra que el alcalde cometiera "un error" como alega su defensa en el recurso del fallo de la Audiencia, puesto que disponía de informes de los altos funcionarios que le advertían de la ilegalidad de la construcción, por tanto, "la decisión prudente y correcta hubiera sido decidir conforme a tales informes, y no hacerlo en sentido contrario, sin exponer además las razones que lo pudieran justificar".

El Alto Tribunal de Castilla y León sostiene en su sentencia que el regidor municipal "tuvo la oportunidad de conocer las razones por las cuales no procedía la concesión de la licencia solicitada", ya que disponía de los informes de Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y del propio secretario de la Corporación de Mahíde contrarios a la autorización de la misma por contravenir las normas urbanísticas. Los magistrados califican de "la decisión del alcalde de voluntarista y arbitraria al carecer de motivación".

Roberto Cisneros, regidor del PP aunque había sido edil del PSOE deberá también abonar una multa de 2.160 euros(doce meses con una cuota de seis euros diarios). La pareja formada por P.P.V. y J.D.G. (un constructor y una veterinaria) solicitaron la licencia para construir una nave de aperos en Las Torres de Aliste que los técnicos de la Diputación Provincial, del SAM, informaron desfavorablemente al considerar que era una vivienda con dos alturas en lugar de una nave, para la que no cumplía los requisitos mínimos de parcela ni tierras vinculadas y a la vista del documento técnico la construcción. Roberto Cisneros autorizó la licencia de obras y el Seprona de la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León denunció la intervención urbanística, por lo que retiró la licencia de la casa, aunque la construcción estaba hecha.