14 de febrero de 2020
14.02.2020

El alcalde popular de Mahíde, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación

La Audiencia le juzgó por un delito de ordenación del territorio junto a una pareja del pueblo, que ha salido absuelta

14.02.2020 | 12:58
Juicio contra Roberto Cisneros y la pareja promotora de una construcción en Las Torres de Aliste

El alcalde de Mahíde, Roberto Cisneros, que concurrió en la listas del Partido Popular en las últimas elecciones, aunque también fue edil con el PSOE ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Zamora a año y medio de cárcel, el pago de una multa de doce meses con una cuota de seis euros diarios (2.160 euros) y nueve años de inhabilitación especial como autor de un delito de prevaricación dentro del ámbito de la ordenación del territorio y urbanismo.

La pena de inhabilitación significa que Cisneros no puede seguir ejerciendo como alcalde, si bien la sentencia de la Audiencia no es aún firme, ya que contra ella cabe recurso. Sin embargo, la pareja que se sentaba en el banquillo junto a Roberto Cisneros, los promotores de la construcción asentada en suelo rústico que dio lugar al proceso, ha sido absuelta del delito contra la ordenación del territorio y urbanismo.

Según el relato de la fiscal, en 2017 la pareja formada por P.P.V. y J.D.G., presentó un proyecto para una nave de aperos en Las Torres de Aliste, que recibió el informe contrario de la Diputación porque sus promotores no eran agricultores (él es constructor y ella veterinaria), no cumplían los requisitos mínimos de parcela ni tierras vinculadas y a la vista del documento técnico la construcción, con dos alturas, tenía más la pinta de una vivienda que de una nave.

Todas estas razones, expuestas en sendos informes del servicio de asistencia de la Diputación, de los que el secretario municipal advirtió al alcalde, no fueron tenidos en cuenta por Roberto Cisneros, quien estampó la firma en la licencia de obras. Posteriormente llegaría la denuncia del Seprona de la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León, que le obligaron a retirar la licencia de la casa, aunque la construcción estaba hecha.

Cisneros indicó en su descargo que su única intención fue la de facilitar el asentamiento de una pareja joven en el pueblo, en una zona a la que se accede por un camino que había sido asfaltado por una anterior corporación, que cuenta con agua y servicios y en el que ya se asientan varias edificaciones. Aseguró no tener ninguna relación de amistad con los promotores y se limitó a dar el visto bueno a una construcción similar a las que existen en todo el pueblo. Considera que pudo cometer un error, pero nunca tuvo intención de vulnerar la ley. 

La Audiencia si considera los argumentos de la pareja promotora, defendida por Gabino Carro Espada, porque contrataron a un arquitecto para que elaborara el proyecto básico de la construcción, "en el cual no figuraba ningún dato, sino todo lo contrario, de que no se pudiera construir una nave para aperos de labranza en las fincas rústicas de su propiedad".

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