El Procurador del Común, que resolvió que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente iniciara "a la mayor brevedad posible" los trámites para disponer de un nuevo censo del lobonuevo censo del lobo, ha decidido solo unas semanas después archivar el expediente al no aceptar la Administración autonómica su recomendación.

La Procuraduría presidida por Tomás Quintana basó su primera decisión "en las deficiencias en que ha incurrido la Administración regional", reparando, además, en las sentencias del Superior, pero su resolución motivó un informe de la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal que ha llevado a enterrar el expediente. Pone de relieve la Procuraduría "que las administraciones están obligadas a proporcionar al Procurador del Común la información que les requiera", pero señala que "las recomendaciones que formulamos para la mejor salvaguarda de los derechos de los ciudadanos no son de obligado seguimiento" para las instituciones, que pueden no aceptar sus resoluciones. Es lo que ha sucedido con un expediente iniciado por la queja presentada por el representante de Lobisome Naturaleza, Carlos Soria, por discrepancias con los datos del Censo regional de lobo ibérico en Castilla y León".

El Procurador recibió el informe de la Junta el pasado 27 de mayo y, respecto a la realización de un nuevo censo regional del lobo, pone de manifiesto que "ninguna de esas supuestas deficiencias -no admitidas por la Administración regional- se solventarían con un nuevo censo".

Tras dejar claro "que no comparte los criterios de Tribunal Superior", se remite a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que dispone "que serán las comunidades autónomas las que determinen las especies sobre las que podrá realizarse la caza estableciendo como único límite para la declaración de estas especies que no se trate de especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas por las Directivas de la Unión Europea por razones de nivel de población, a su distribución geográfica y a su índice de reproductividad.

En su informe Patrimonio Natural añade que será al regular el ejercicio de la caza donde las Comunidades Autónomas deban garantizar la conservación y el fomento de estas especies y señala que, independientemente al acto de declaración como especie cinegética, se delimitan los terrenos donde se puede realizar eI aprovechamiento cinegético de la especie, se fijan los periodos y días hábiles para la especie, y se establecen medidas como la aprobación de planes de aprovechamiento cinegético comarcales específicos para la especie, regulaciones adicionales como los cupos máximos comarcales, la necesidad de autorización expresa, el precintado, un sistema de comunicación inmediata de toda captura producida, el anulación de las autorizaciones previas cuando se hayan alcanzado los cupos fijados, etc. Subraya la Junta que "para la adopción de todas estas medidas se cuenta con la mejor y más actual información científica y técnica, entre ellas las fuentes bibliográficas, el censo regional llevado o cabo durante los años reproductores 2012 y 2013 y el seguimiento de la especie en Castilla y León que se realiza de forma permanente y continua y la actualización de manadas que ha considerado la información correspondiente a los dos últimos años reproductores 2017-2018 y la información más actual posible de 2019 (abril-junio).

En su informe, también informa que "el anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, que actualmente se está tramitando, prevé que la declaración de las especies cinegéticas se realice mediante Ley. Por tanto, no corresponde a esta Consejería decidir si el lobo puede seguir siendo una especie cinegética al norte del río Duero", que es otra recomendación de la Procuraduría. "No obstante, añade Patrimonio Natural, si el próximo censo evidenciara que esta especie se encontrase en una situación de amenaza, es evidente que esta Consejería promovería la adopción de cuantas medidas fueran necesarias para garantizar su adecuada conservación".

Es de reseñar, asimismo, la reciente sentencia del Supremo que considera ajustado a derecho el Decreto de la Junta de Castilla y León, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el controlpoblacional de la fauna silvestre.