La Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha remitido a los Servicios Territoriales una instrucción destinada "al personal que realiza funciones en materia de caza y de control poblacional" de especies silvestres, donde indica el modo de proceder tras los fallos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,que suspende, de un modo cautelar, la práctica de la caza y, con ello, ha convulsionado a toda la sociedad.

Aunque es un asunto firmado el pasado jueves, ayer todavía parte de los integrantes de la Guardería Medioambiental y celadores de la provincia de Zamora no tenían conocimiento de "la aclaración". Es una instrucción con la que Medio Ambiente quiere esclarecer una situación "de caos" derivada de los autos relativos a la suspensión de Decreto referido a los aprovechamientos cinegéticos y al de la anulación de la Orden de 25 de junio de 2018 por la que se aprueba la Orden Anual de Caza que establece, entre otros aspectos, especies cazables, modalidades de caza, cupos y periodos hábiles.

La Dirección General del Medio Natural señala que "resulta admisible sostener que las resoluciones judiciales que adoptan medidas cautelares, en la medida que se limitan a declarar la suspensión de la aplicación de las disposiciones generales, no afectan a la eficacia de los actos administrativos firmes dictados en aplicación de aquellas antes de que la suspensión comience a desplegar sus efectos".

Esta posición que, según apunta Medio Natural, "viene a refrendar la postura de la Dirección General que inicialmente se hizo llegar el pasado viernes", día 1 de marzo.

A resultas del informe elaborado por los Servicios Jurídicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, "ya con carácter definitivo y ejecutivo", el personal implicado y con responsabilidades en materia de caza y de control poblacional" tiene especificado la forma de proceder.

En un primer punto se indica que "no se producirán nuevos actos administrativos en aplicación de las disposiciones de carácter general suspendidas cautelarmente, en concreto el Decreto de 26 de abril de 2018 que modifica el decreto del 30 de abril de 2015, por el que se regula la conservación de especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna, y también la Orden que aprueba la Orden Anual de Caza.

En un segundo punto de la instrucción se expresa que "todos los actos administrativos firmes, dictados con anterioridad a la entrada en vigor de los correspondientes autos de suspensión, mantienen su eficacia". En un tercer punto se indica que el Servicio Territorial de Medio Ambiente "deberá dar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los referidos puntos a todo el personal que realiza funciones de caza y control poblacional".

La conmoción social causa por los varapalos del Superior a la normativa de caza de la Junta de Castilla y León es de tal calado que de forma urgente se tramita en las Cortes regionales una modificación de la Ley de Caza, y que se espera entre en vigor este mismo mes. La misma derogará, según recoge el documento suscrito por el PP, el PSOE y Ciudadanos, "cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en esta Ley y, en particular, las definiciones de especie cinegética y especie cazable del artículo 1.2 y los artículos 13, 14 y 15 del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre".

Su debate tendrá lugar el miércoles en una jornada marcada por diversas iniciativas legislativas y que contará con la presencia de cazadores de la región que quieren respaldar una modifiación de la normativa que les permita desenfundar de nuevo las armas de caza sobre una relación de 25 aves, cinco mamíferos de caza menor y ocho de caza mayor.

Fuentes de la Guardería Medioambiental afirman que la Junta "perdió el pulso a la gestión medioambiental y buscan una solución en medio de una campaña electoral".

En la nueva Ley se contempla la aprobación de un Plan General de Caza de Castilla y León cuya finalidad "es mantener el adecuado equilibrio ecológico que garantice el estado de conservación de las especies cazables".