"Ramos Gordón ha reconocido los hechos, no me preguntes más de lo que puedo decir"

Desde esa conversación hasta el cese de Ramos Gordón como párroco de Tábara y otros pueblos de la zona, el 1 de julio de 2016, pasó un año sin que el Obispado de Astorga tomara medidas cautelares ni apartara al sacerdote de las labores parroquiales sabiendo que ya estaba probado que había abusado de menores. De tal forma que entre junio de 2015 y junio de 2016 el clérigo mantuvo una actividad normal sin que influyera en su labor pastoral el peso de una acusación tan grave como eran sus antecedentes pedófilos y a la que eran ajenos los feligreses zamoranos a los que estuvo vinculado a lo largo de 25 años.

La conversación entre el vicario judicial y F. L. revela el reconocimiento de los abusos sexuales por parte de Ramos Gordón durante la instrucción del proceso, donde declararon religiosos que habrían corroborado las prácticas de uno de sus compañeros en el seminario menor de La Bañeza durante el curso 1988-1989, cuando las víctimas cursaban 8º de EGB.

Las declaraciones constan en las grabaciones realizadas por F. L., -a las que ha tenido acceso este diario- durante el procedimiento administrativo penal abierto por la Iglesia a raíz de la carta que envió al papa en noviembre de 2014. "Grabé porque no me fiaba de ellos, siendo unos niños nos hicieron mucho daño, nadie nos protegió y mi objetivo principal era sacar la verdad teniendo en cuenta que no tenía ninguna prueba" justifica la víctima. "Comprendo que no es muy honesto y pueda cuestionarse, pero es que no tenía nada con lo que defenderme y si hubieran cerrado en falso el proceso yo corría el riesgo de quedar como un mentiroso. Ojalá hubiera tenido un móvil con 14 años".

En respuesta a las afirmaciones del obispo de Astorga, acusando a F. L. de hacer público el caso después de que se negara a conceder una indemnización de 300.000 euros, la víctima defiende que las grabaciones permiten demostrar que "no actué por dinero, que fueron ellos los primeros que empezaron a hablar de reparación del daño". Y que el propio juez eclesiástico, Julio Alonso -relevado del cargo el pasado mes de mayo en sustitución de Mario González tras 15 años-, le confió que si hubiera presentado la denuncia en el Obispado de Astorga en lugar de enviar la carta a la Santa Sede "a lo mejor no hubiéramos llegado donde hemos llegado porque el obispo la había tapado".

Cuando el exseminarista escribió la carta al papa estaba al frente de la diócesis Camilo Lorenzo, actual obispo emérito, al que sucedió Juan Antonio Menéndez en diciembre de 2015, en plena instrucción del proceso administrativo penal por la diócesis de Astorga. "Cuando llegué, este caso estaba prácticamente terminado" ha afirmado el prelado para defenderse de las acusaciones de encubrimiento. "Todo lo contrario, hice una investigación exhaustiva de todo lo que había ocurrido".

El prelado, experto canonista, no ocultó a la víctima su extrañeza de que no contara con un abogado que le representara en el proceso, y así se lo cuestiona hasta en dos ocasiones.

"¿Pero cómo que no ha tenido abogado?" le pregunta durante uno de los encuentros en la sede episcopal. "Me dijo el vicario que quedaría conforme, que si era necesario Ramos Gordón tendría que dejar el sacerdocio, y todo para que lo quisieran arreglar con un año retirado en la Casa Secerdotal. Me siento engañado" lamenta el exseminarista.

F. L. no tiene duda de que "las líneas marcadas por Julio Alonso durante el proceso, planteando un duro castigo para el sacerdote, para los encubridores y la reparación" hayan influido en su relevo como vicario judicial. Un cese "voluntario", según el comunicado oficial del Obispado.

Porque el papel de Julio Alonso como instructor del primer proceso a Ramos Gordón fue clave, llegando también a plantear la responsabilidad de los encubridores, los sacerdotes que supieron que Ramos Gordón estaba abusando sexualmente de los niños y no tomaron medidas. "Al lado del procedimiento penal contra José Manuel Ramos Gordón, hay otro procedimiento y es, los que tenían que hacer algo y no hicieron ¿qué pasa?" cuestiona Julio Alonso a la víctima. "Eso, qué pasa", responde éste.

Finalizado el proceso F. L., ha reivindicado, sin éxito, esa responsabilidad de los encubridores, que han salido indemnes del proceso administrativo penal, aunque sí se tuvieron en cuenta sus declaraciones para corroborar el castigo a Ramos Gordón, que admitió los hechos.

En las grabaciones que realizó F. L., una vez concluida la investigación previa al expárroco de Tábara, el juez eclesiástico expone que aunque los hechos están prescritos hay que contemplar "qué tipo de reparación del daño hay que hacerte a ti". En otro encuentro, en octubre de 2015, le insiste en los dos procedimientos que se contemplan, "uno es el de castigar el delito y otro es el de reparar el daño y sobre eso nos tienes que decir también algo. Cómo puede la iglesia asumir, aunque sea subsidiariamente, o cómo tiene que asumir don José Manuel el daño que os ha causado. Iremos viéndolo". Meses después el propio vicario, en presencia del obispo Juan Antonio Menéndez, negó estos hechos alegando que no recordaba.

En la reunión de junio de 2016, cuando a la víctima ya se le había comunicado oficialmente por carta el castigo a Ramos Gordón de "privación del oficio de párroco durante un periodo no inferior a un año", F. L. se convenció de que el proceso "fue una burla, me cabrearon tanto que decidí exigir dinero como reciben otras víctimas en el mundo", cuantificado en 300.000 euros como reparación por el daño sufrido. "Si acepto su propuesta sin mandato judicial estaría realizando un acto ilegal, malversación de fondos de la diócesis" replicó el obispo de Astorga, quien se ofreció a compensar la "ridícula pena", en palabras de la víctima, jubilando canónicamente de toda responsabilidad pastoral a Ramos Gordón, "si esto contribuye a subsanar los daños". Un castigo que parecía suficiente para Juan Antonio Menéndez, pues para el clérigo "supone un trauma grandísimo porque tiene 63 años y hasta los 75 los sacerdotes no nos jubilamos".