Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cobreros, APIC y PP, trasladaron ayer, en el trascurso de la sesión plenaria, su apoyo a la corporación de Ángel López Amigo (Sanabria Verde) en su oferta de facilitar terrenos a la empresa zamorana GAZA para trasladar la planta hasta el municipio sanabrés. El portavoz de APIC, Pedro Fernández San Román, puso reparos a la propuesta de "terrenos gratis" y abogó por "ceder en condiciones favorables", aunque el alcalde matizó que cuando se precise "el cómo" de esa cesión "se pondrán las condiciones". Algunos de los concejales cuestionaron el traslado cuando hay otras ofertas como Tordesillas. El debate sobre este asunto, que no estaba en el orden del día, y se mencionó en el turno de ruegos, fue muy breve.

El único tema tratado como punto del orden del día fue la aprobación de una modificación puntual de las normas subsidiarias para reconocer en el planeamiento urbanístico la existencia de una calle y las ruinas de un antiguo horno vecinal, solicitado por una vecina de Limianos, donde proyecta un alojamiento rural. La modificación se aprobó por unanimidad, además de informar de que están solicitados todos los informes a la Diputación.

Los concejales aprobaron el compromiso de mantener los caminos de concentración parcelaria en Quintana de Sanabria durante 5 años, solicitado por la Junta de Castilla y León, como parte de la tramitación para la ejecución de los viales. La empresa TRACSA ejecutará los caminos y, por parte de la Corporación, se solicitará que los caminos vengan especificados con vistas a incluirlos en el Inventario de Bienes Municipales.

Con varios vecinos del anejo de Terroso en la sesión, el alcalde no accedió a incluir una moción de urgencia, presentada por Pedro Fernández, para debatir soluciones al problema del agua en este pueblo. Los vecinos iban a presentar un escrito para que se garantice "un abastecimiento suficiente y de calidad" mediante una captación de sondeo. El pasado verano, el corte de agua desembocó en una concentración con cubos del agua ante la casa consistorial, protagonizada por vecinos afectados. López Amigo solo se comprometió a "estudiarlo y ver las posibilidades" y que un técnico determine las obras necesarias y el presupuesto. Ante la negativa del presidente de la corporación a admitir el escrito vecinal en la sesión, la única solución era dejar constancia en el registro municipal.

En el pleno se dio cuenta de las dietas por asistencia a pleno y comisión en todo 2017, desde los 600 euros anuales del alcalde a los 30 euros anuales que cobró un concejal por la asistencia a un solo pleno. La Alcaldía se acoge la convocatoria del Fondo Social de Empleo para contratar dos trabajadores con discapacidad, por un importe de 8.536 euros.

La concejal del PP, Josefa Chimeno, reclamó el arreglo de las carreteras de Santa Colomba y el ramal de Avedillo, que desde hace tres años ha planteado en los plenos, y pidió el expediente donde figuran las solicitudes a la Diputación para su reparación. La concejala pidió que además de limpiar las vías de vegetación se retire los residuos vegetales por el riesgo de incendio.

Pedro Fernández pidió el acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal por la que se acordó el cobro 72,60 euros a los titulares de inmuebles actualizados en el catastro, ya que la Junta de Gobierno no puede aprobar cobro alguno de tasa o precio público, además de haber informe que ponía reparos a su legalidad. Fernández recordó que la devolución tiene que ser automática para no incurrir en la obligación de pago de intereses por parte del Ayuntamiento a los contribuyentes. López Amigo precisó que se han efectuado algunas devoluciones pero, en un año, "no habido tiempo" para completar los reintegros.