Los sindicatos Coag, Asaja y Upa llevan semanas anunciando lo que se avecina tras la aplicación del SIGPAC y la asignación de derechos para el cobro de subvenciones europeas (ayudas PAC). Consideran que no van a coincidir los datos del catastro con los del nuevo sistema, basado en fotografías tomadas por satélite, en un 80% o 90% de los casos.

El responsable regional de Coag, Jesús Manuel Palacín, durante un encuentro con periodistas celebrado el pasado martes en Valladolid, auguró, según informa Efe, que 2005 será «un año muy complicado desde el punto de vista burocrático». Palacín reclama a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León que forme técnicos especializados en resolver las reclamaciones que presenten los agricultores y ganaderos. Al respecto, recuerda que si resulta «mucha menos superficie» agraria al aplicar el SIGPAC, en comparación con el catastro, se pueden perder ayudas europeas.

Precisamente la asignación de los derechos que permitirán el cobro de esas ayudas suscitará «un montón de alegaciones» durante este año, aunque «ni el Ministerio de Agricultura, ni la Consejería ni las organizaciones agrarias» cuentan los suficientes técnicos y con la preparación necesaria para resolver estas reclamaciones, a juicio del coordinador.

Palacín apunta que tanto elSIGPAC como el reparto de derechos se derivan de la aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, que traerá «consecuencias graves» para el campo. Entre ellas, destacó la aplicación a partir de 2006 del conocido como desacoplamiento o cobro de las ayudas al margen de la producción. El coordinador criticó la decisión del Ministerio de aplicar un desacoplamiento parcial, cuando desde Castilla y León se pedía que fuera total

Asimismo, alerta, según recoge Efe, de que si se aplica el artículo 69 de la última reforma de la PAC, para restar a los profesionales del campo, pero «poco se puede hacer», porque «la decisión está tomada» sobre la forma en que se aplicará esta reforma.

Por su parte, UPA ya ha denunciado también que el nuevo sistema, que sustituye al catastro desde el 1 de enero de este año, «provocará graves enfrentamientos» en el sector agrario de Castilla y León, ante la «precipitación» de su puesta en marcha».

El sindicato agrario asegura, en un comunicado de prensa recogido por la agencia Ical, que en las comprobaciones realizadas hasta el momento por los agricultores de la superficie introducida en el SIGPAC existe un «elevadísimo número de errores», que supondrá reclamaciones «hasta en el 90% de las parcelas», lo que representa «no menos de tres millones de errores».

Quejas sindicales:

-Las organizaciones profesionales agrarias consideran que la Junta de Castilla y León no ha hecho «los deberes» y no se está preparando para abordar las consecuencias de la aplicación del nuevo sistema de identificación de parcelas agrarias (SIGPAC)

-Los sindicatos reclaman a la Administración regional que forme técnicos especializados en resolver las reclamaciones que presenten los agricultores y ganaderos.

-Los agricultores temen que no coincidan los datos del catastro, referencia hasta ahora para solicitar las ayudas PAC, con el nuevo sistema de identificación basado en las fotografías por satélite. Si así ocurre el campo castellano-leonés puede perder ayudas europeas y asignación de derechos que permitan el cobro de esas ayudas en años venideros.