Acusan a la granja denunciada por maltrato en Burgos de vertidos ilegales de cadáveres

El Observatorio de Bienestar Animal (OBA), que el pasado 27 de noviembre denunció por maltrato animal al propietario de una granja porcina de Quintanilla del Coco (Burgos), también alcalde del municipio, ha incluido en la querella un delito contra el medio ambiente ante la presunta existencia de un vertedero de residuos ilegales de huesos y cráneos de cadáveres procedentes de la explotación porcina en la zona de monte anexa a la instalación.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, acompañado por imágenes fotográficas y un vídeo, la ONG ha incidido en que, junto a la verja de la granja "y a lo largo de un perímetro de monte de 2.000 metros cuadrados" han localizado un vertedero ilegal de huesos, cráneos, columnas vertebrales y cadáveres en descomposición.

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La investigación realizada por el Observatorio de Bienestar Animal (OBE), entre junio y septiembre de 2023, incluye imágenes tomadas en el lugar que "desvelan que el alcalde era quien estaba deshaciéndose de los cadáveres ilegalmente, llevando con su tractor los animales muertos al monte, cuando no le veía nadie", según el testimonio del informante facilitado por la ONG.

Infracción de la normativa

Para el Observatorio, estos hechos podrían suponer una infracción de la normativa en cuanto al uso de subproductos animales no destinados al consumo humano para alimentar a fauna silvestre y especies necrófagas, además de incurrir en un delito contra el medio ambiente, que ha sido denunciado junto con el maltrato animal ante el Juzgado de Lerma, que ha admitido a trámite la querella.

La ONG ha vuelto a pedir la destitución "inmediata" del alcalde, Domingo del Pozo, y el cierre de la explotación porcina, ya que "crear un vertedero ilegal, permitir dejar agonizar a los animales siendo devorados por buitres y desatender miles de animales en la explotación son razones de sobra" para no quedar impune.

"Debe ser cesado de inmediato de sus funciones y enviado a prisión", ha asegurado Guillermo Moreno, director ejecutivo del Observatorio de Bienestar Animal, después de que la entidad haya hecho públicas unas imágenes en las que se ve cómo un animal es dejado a la intemperie en los exteriores de la granja para que muera de inanición y, después de 36 horas de agonía, al morir es devorado por una bandada de buitres.

La ONG considera que este hecho podría ser constitutivo de un delito de maltrato animal con agravante de acción por omisión, pues "de acuerdo con la normativa vigente, un animal gravemente enfermo ha de ser sacrificado en la explotación para evitar un sufrimiento innecesario".

Todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de la justicia, ha recordado el Observatorio de Bienestar Animal, que cuestiona la eficacia de las inspecciones realizadas a la granja por la Junta de Castilla y León y el Seprona de la Guardia Civil los días 29 y 30 de noviembre, dos días después de que el propietario conociera la existencia de la denuncia contra la explotación.

"Haber actuado cuando el granjero conocía del lanzamiento hacía varios días supone un riesgo para las pruebas de los delitos denunciados que presuntamente hayan podido ser ocultadas y eliminadas", ha indicado Moreno, al tiempo que considera "muy grave" que la granja pasara "satisfactoriamente" una auditoría de AENOR el 28 de agosto, cuando "gran parte de las imágenes publicadas datan de después de esta fecha, algunas incluso de tan solo 6 días tras esta última inspección".