Quiñones critica en Bruselas la "sobreprotección" del lobo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, llevó ayer hasta el Comité de las Regiones, en Bruselas, su crítica a la "sobreprotección" del lobo por parte del Gobierno y confió en que el nuevo gobierno que salga de las elecciones generales cambie estas políticas ahora que hay un "viento" a favor en las instituciones comunitarias para flexibilizar el régimen de protección de algunas especies.

Suárez-Quiñones participó este martes en Bruselas en un debate sobre los grandes carnívoros en el foro "Coexistencia de ganadería y grandes carnívoros en Europa", organizado por el Comité Europeo de las Regiones y el Intergrupo de Biodiversidad, Caza, Desarrollo y Medio Rural.

En ese sentido, el consejero reclamó que el nuevo Gobierno no haga política desde los despachos, sino desde el territorio y para el territorio, y conozca la realidad del medio rural, con el fin de recuperar la situación previa en España, donde recordó la población del lobo se controlaba al norte del Duero mediante una caza "regulada" por las comunidades y "responsable", hasta que se prohibió al extenderse la protección de la Directiva Hábitats que imperaba hasta entonces al sur del Duero.

Al respecto, Suárez-Quiñones expuso que el problema de Castilla y León, así como de Galicia, Asturias y Cantabria, es "más grave" que en el resto de países europeos, porque el Gobierno ha endurecido la protección del lobo, mientras se abre paso el debate sobre la flexibilización, dijo, de la protección de algunas especies. Esto, recordó, supuso en 2022 un aumento del 20% de los ataques y 5.000 cabezas de ganado muertas.

Por ello, el consejero expuso el "total desacuerdo" de la Junta y otras comunidades con la postura del Gobierno de España, por lo que defendió que las comunidades autónomos recuperen al norte del Duero la gestión del lobo para buscar ese "equilibrio" con esta especie y la ganadería, para posteriormente, impulsar un debate sobre la reforma de la directiva europea.

Suárez-Quiñones ha señalado que estos ataques llevan al abandono de explotaciones ganaderas, poniendo en peligro la producción de alimentos de calidad, aumentando el riesgo de incendios forestales y contribuyendo a la despoblación del medio rural, y generando daño social y económico para el noroeste rural si no se deroga de inmediato la inclusión del Lobo en el Lespre.

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Al respecto, Suárez-Quiñones criticó que Castilla y León no encuentre apoyo en sus demandas en el Gobierno español y se tenga que apoyar en Rumanía y en los once estados miembros que apoyaron flexibilizar el régimen jurídico europeo de los grandes carnívoros en el Consejo de Agricultura los pasados 26 y 27 de junio.

Rumanía presentó una serie de peticiones como la monitorización del estatus de conservación de estas especies, así como medidas de apoyo y compensación a la ganadería, independientemente de la Política Agrícola Común (PAC). La postura, según Suárez-Quiñones, fue secundada por once países de la Unión, y no así por parte del Gobierno de España.

La UE critica a la Junta por la gestión de la tuberculosis

El grupo de socialista europeo señaló ayer que la Comisión Europea acaba de confirmar que la Junta de Castilla y León "no informó" a Bruselas sobre las medidas para promover la flexibilización de los controles de tuberculosis bovina y "da la razón", de este modo, al Gobierno español, al considerar que esas medidas "no cumplen con las normas pertinentes de la UE".

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Por el contrario, la Comisión señala que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "sí informó oficialmente sobre los riesgos que estas medidas podrían tener para la sanidad pública y animal". En respuesta a una pregunta formulada por los eurodiputados socialistas Iratxe García, Clara Aguilera e Ibán García del Blanco, el Ejecutivo comunitario insta a las autoridades españolas "a vigilar y a tomar las medidas necesarias para evitar una mayor propagación de la enfermedad" y "para proteger la salud pública y la sanidad animal en la UE". En esa pregunta, los socialistas preguntaron si el Gobierno autonómico, en gobierno de coalición de PP y Vox, habían informado previamente a la Comisión Europea sobre esos cambios y "si se podía confirmar la alarma y el riesgo para la salud pública y animal provocada por la crisis ganadera en Castilla y León".