La entrada en vigor esta pasada semana de la Orden del Ministerio de Transición Ecológica por la que queda prohibida la caza del lobo en todo el territorio español, sin excepciones, no ha sido una sorpresa para ningún sector. De entre la alegría de ecologistas y el malestar mayúsculo de las organizaciones de agricultores y ganaderos solo cabe extraer una conclusión: la medida del que es también Ministerio responsable del reto demográfico se aleja del equilibrio que exigía la decisión y que reclamaban los mismos científicos que se mostraban a favor de la exclusión del lobo como especie cinegética.
Los 562 expertos que, meses atrás, firmaban una carta abierta en favor de la protección del lobo ibérico y la ciencia, encabezados por conservacionistas tan reputados como el biólogo Miguel Delibes de Castro, abogaban en la misma misiva por la coexistencia con otras actividades y citaban expresamente la ganadería extensiva. También, en esas mismas fechas, Odile Rodríguez de la Fuente, hija del que fuera pionero en la protección del cánido, el recordado Félix Rodríguez de la Fuente, manifestaba su decepción por una medida, la del Ministerio, acordada lejos del consenso y del diálogo: “Ninguna solución será efectiva, si no cuenta con un acuerdo social básico”, avisaba, al tiempo que lamentaba el recrudecimiento del conflicto y la polarización de las posiciones que permanecen invariables con una diferencia, la legal, que la otorga el poder de los despachos, pero no la conversación con los afectados.
Una decisión de despacho elaborada sin contar con todas las partes afectadas, bien podría devenir en un tiro en el pie para los nobles objetivos que inspiraron la nueva y polémica legislación en torno al lobo
A un Ministerio que tiene a su cargo velar por la biodiversidad y, además, por la vida en el mundo rural, se le presupone una visión suficientemente amplia como para tener en cuenta las enormes diferencias que se viven en los distintos territorios donde habitan las variadas especies animales. La actividad cinegética, en sí misma, no está prohibida. Los cazadores podrán seguir abatiendo jabalíes y ciervos, por citar ejemplares extendidos hasta la superpoblación según algunos veterinarios en casos como el jabalí, por el mismo territorio zamorano que habita el lobo ibérico, su depredador natural, que acaba de ser incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). La prohibición será la misma en las comunidades donde el carnívoro apenas tenga presencia que en zonas como la Sierra de la Culebra, considerada la mayor reserva del lobo en toda Europa.
Una contradicción que, a juicio de la otra parte afectada, los ganaderos, tendrá muy alto coste. Ninguna de las reuniones y conversaciones mantenidas hasta el mes pasado entre representantes gubernamentales y de los que viven en los territorios afectados, los que sufren, a veces casi a diario, el asedio de manadas que se han acostumbrado a la facilidad de acceso a las cabañas de ganado frente a otros animales, ha finalizado con aproximación alguna. La ruptura definitiva se plasmaba en el Boletín Oficial de la Provincia el 25 de septiembre con el aval del Consejo de Estado que, conviene subrayar, no es vinculante en el plano legal.
El informe del Consejo de Estado rechazó las alegaciones planteadas por colectivos y por los gobiernos de cuatro comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, al considerar que la decisión de incluir al lobo en el Lespre “está suficientemente motivada, cuenta con una base científica sólida y responde al principio de precaución”. La orden viene respaldada, asimismo, por el informe de evaluación del Comité Científico de 2020, que observa “un estancamiento de la población del lobo ibérico y la congelación de su área de distribución” como consecuencia “de la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie”. Tan contundente conclusión contrasta con la necesidad reconocida por parte gubernamental de realizar un censo actualizado para conocer con exactitud la población lobuna que, según los datos que obran en poder de las Administraciones, se calcula entre 2000 y 2.500 ejemplares, agrupados en 297 manadas que están repartidas casi en su totalidad -más del 95%- en la cornisa noroccidental de la península, en particular en Castilla y León y, más en concreto en provincias como Zamora.
En cuanto a la elevada mortandad “no natural”, los datos oficiales señalan que en Castilla y León se permitió en la temporada 2020/2021 un cupo máximo aprobado de caza 113 ejemplares (los mismos que en la anterior), aunque las capturas reales fueron finalmente 62 (55%). El número total de ataques denunciados en esta región en 2019 ascendió a 2.579 afectando a 3.774 cabezas de ganado. Las pérdidas superaron los 4.250.000 euros.
Con datos y posiciones tan encontradas resulta difícil encontrar el equilibrio por el que apostaban los conservacionistas en sus declaraciones a favor de la necesaria conservación del lobo. La salida del conflicto se antoja casi imposible. Por un lado, se abre la vía judicial a través de la Audiencia Nacional, a la que recurren tanto los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, como colectivos como la Federación de Caza. Los gobiernos autonómicos señalan que la Orden Ministerial carece de regulaciones transitorias. Tampoco desarrolla, a la espera de la nueva normativa, cómo tendrán que afrontar los ganaderos las medidas preventivas por las que se aboga como solución. Ni se señala, ni mucho menos, los mecanismos de compensación por los daños que las organizaciones ganaderas rechazan si se detraen de la PAC. La ministra Ribera ha anunciado un fondo de 20 millones para compensar los daños. Está por definirse el acceso al mismo y si será considerado suficiente.
El frente abierto es amplio y delicado en comunidades donde la ganadería es una fuente de riqueza en una economía que lucha por salir de los últimos puestos del país. El 60,5% de las exportaciones de la provincia zamorana están relacionadas con el sector agroalimentario, especialmente con los productos cárnicos y los lácteos, que han ganado cuota de mercado en años tan difíciles como los de la pandemia. La mayor parte de esa producción es fruto de la ganadería extensiva, la que se pretendía conservar por su sostenibilidad, la única capaz de fijar población en el medio rural.
Si en febrero pasado, cuando se inició la polémica, el blindaje del lobo produjo hasta una brecha en el seno del Gobierno central entre la ministra Ribera y el ministro Planas, esta vez se ha echado de menos la voz del responsable del sector primario de todo el país mientras las organizaciones agrarias anunciaban, de nuevo, un plan de movilizaciones. De momento, el único posicionamiento distanciado con la aprobación gubernamental dentro de los afines al Gobierno es la del PSOE de Castilla y León, que respaldará el recurso de la Junta, en medio del clima preelectoral que se respira cada vez con más fuerza en la comunidad.
Las peleas más sonoras siguen produciéndose, por tanto, entre las paredes de los despachos. Fuera, los ganaderos y sus familias ven difícil poder seguir adelante con sus explotaciones. Si se van, los pueblos seguirán vaciándose, los pastos quedarán abandonados y el monte aún más expuesto a incendios que el cambio climático hace cada vez más difíciles de apagar. Mientras, a los furtivos poco le importarán las nuevas leyes como tampoco le importaron las anteriores. Los que estén dispuestos a pagar podrán cobrarse piezas sin control alguno, con el consiguiente perjuicio para las jerarquías establecidas, naturalmente, en las manadas. Y ese descontrol llevará a nuevas lobadas exacerbando a los perjudicados.
Al final, y paradójicamente, una decisión de despacho elaborada sin contar con todas las partes afectadas, bien podría devenir en un tiro en el pie para los nobles objetivos que inspiraron la nueva y polémica legislación en torno al lobo.
