El Procurador del Común ha pedido elaborar un protocolo para los supuestos de fallecimiento en residencias de mayores con el fin de evitar situaciones incómodas o conflictivas. Castilla y León carece de un protocolo de aplicación general, por lo que cada centro decide su manera de proceder, produciéndose, en ocasiones, situaciones molestas tanto para los familiares como para el personal de las residencias, tal y como advierte Tomás Quintana. El defensor de los castellanoleoneses inició una actuación de oficio tras conocer, a través de diversas quejas, determinados problemas que se producen en ocasiones con anterioridad o con ocasión del fallecimiento de personas en centros residenciales. En algunos casos el conflicto ha derivado de la escasez de plazas para mayores, lo que determina que muchas familias tengan que esperar a que se produzcan vacantes para que los ancianos puedan acceder a los recursos residenciales disponibles, los cuales en muchos casos sufren un alto grado de dependencia.
