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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió ayer avanzar y mantener los acuerdos "vigentes" de comunidad que el secretario general del PSCyL y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, entiende rotos cuando el nuevo Gobierno de coalición PP-Cs está a punto de cumplir cien días.
Fernández Mañueco y Tudanca mantuvieron ayer la primera reunión oficial, en la ronda con los portavoces en las Cortes abierta por el presidente y que seguirá hoy con el resto de grupos, en un "ambiente cordial desde el punto de vista personal" pero en la que cada uno defendió sus posiciones en materia de financiación autonómica, ordenación del territorio o la aplicación de las 35 horas en la Administración autonómica.
Mientras Fernández Mañueco considera "vigente" el pacto de financiación autonómica, suscrito en abril de 2016 por la Junta y los grupos de las Cortes, Tudanca entiende que el PP le ha roto por no mantener la palabra y realizar debates partidistas, en relación a la propuesta de los populares aprobada en las Cortes -solo votó en contra el PSCyL- para reclamar al Gobierno los 440 millones pendientes de las entregas a cuenta. Mañueco y Tudanca discrepan también en qué momento se debe aplicar la jornada de 35 horas en la Administración regional, como firmó la Junta con los sindicatos el pasado mes de junio. El presidente trasladó su "compromiso inequívoco" con ese derecho de los empleados públicos, pero considera que es "difícil y complejo su aplicación inmediata" porque debe ser compatible con la equidad y con la calidad de los servicios públicos.
El portavoz socialista quiere que la Junta cumpla "la palabra dada" a los sindicatos. Además, el Gobierno de coalición tiene una posición de mínimos sobre el modelo territorial que es cumplir la ley y no avanzar en la supresión de municipios. La oposición socialista incluye entre los acuerdos básicos rotos que PP y Cs, de manera unilateral, hayan presentado su propuesta de reforma del Estatuto para suprimir los aforamientos de los miembros de la Junta y de los procuradores, cuando la norma básica siempre se ha revisado con un amplío acuerdo.
