La oposición parlamentaria -PSOE e IU- exigió ayer a la Junta de Castilla y León la imposición de un impuesto a la central nuclear de Santa María de Garoña en la producción de energía, mientras que el PP rechazó la propuesta porque en este momento la nuclear ha parado el reactor y no tiene producción. En el pleno de las Cortes, durante el debate de las enmiendas al proyecto de ley de Medidas que acompaña a los presupuestos, José Francisco Martín (PSOE) y José María González (IU) coincidieron en reclamar un gravamen para la planta atómica, aunque la madrugada del lunes dejó de estar conectada a la red eléctrica por una decisión de la empresa.

Martín calificó la decisión de Nuclenor de «gatillazo nuclear» y consideró que la empresa propietaria «se ha reído» de la Junta y del Gobierno, dado que han mantenido en todo momento el respaldo para que la instalación siguiera operativa. González confió en que la planta cierre, pero añadió que hasta ese momento debe pagar un impuesto. «Cuando deje de producir, se quita», precisó. En nombre del PP, Salvador Cruz afirmó que «no se puede gravar a quien no tiene actividad» y su compañero de bancada Daniel Sobrados consideró que «no tiene sentido» ese impuesto ahora, cuando la empresa ha decidido no mantener abierta la planta, por el perjuicio que ve en el gravamen nuclear.

Mientras, el presidente de Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, José Ramón Torralbo, aseguró ayer que la planta entraría en pérdidas económicas si mantuviese la actividad a partir de enero, a causa de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. Torralbo señaló que «sin la aplicación de la fiscalidad contenida en el proyecto de ley Nuclenor no preveía pérdidas ni en este ejercicio, ni en los siguientes hasta 2019».