La querella del PP de Benavente contra Huerga por el centro de diálisis, en vías de archivo

Los letrados del desaparecido exalcalde de Benavente, Luciano Huerga, y de la exconcejala de Urbanismo, Sandra Veleda, han pedido a la juez el sobreseimiento de las diligencias que se instruyen desde hace cuatro años por un presunto delito de prevaricación a partir de la querella presentada por el PP en relación con la prestación del servicio externo de hemodiálisis.

Los populares benaventanos acusaron a Huerga y a Veleda de haber prevaricado al no clausurar las dependencias de la calle Sanabria que gestionaba la empresa Avericum tras la detección de irregularidades urbanísticas, cierre que de haberse producido "hubiera supuesto la desaparición de la prestación del servicio".

Ahora, la defensa del exalcalde y de Veleda, aportan el certificado de defunción de Luciano Huerga para reclamar el archivo de un procedimiento que ya solicitaron hace un año junto al Ministerio Fiscal por entender que la acusación particular estaba buscando prolongarlo artificialmente en el tiempo.

Así lo entendieron también entonces los magistrados de la Audiencia Provincial de Zamora, que rechazaron practicar más pruebas y realizar nuevas tomas de declaraciones como pedía la acusación particular.

Las diligencias solicitadas "no sólo son innecesarias a la vista de las ya practicadas, sino que no contribuyen más a que generar una dilación indebida del proceso", concluyeron dando la razón a la jueza instructora. En ese momento el procedimiento acumulaba ya tres años de instrucción.

Desde mayo de 2019

El Partido Popular emprendió acciones contra el exalcalde en mayo de 2019 por "haber actuado de forma arbitraria y a sabiendas de la ilegalidad de su decisión", esto es, por no haber cerrado el Centro de Hemodiálisis.

Según recogía la querella, el exalcalde "permitió el ejercicio de la actividad a la empresa durante prácticamente cuatro años, careciendo de todas las licencias exigibles (licencia de obras y ejecución, licencia de primera ocupación y licencia de actividad) a la vez que no garantizaba la calidad y seguridad en la prestación de un servicio especialmente sensible como lo es el de hemodiálisis". Los populares llegaron a acusar a Huerga de "provocar agravios comparativos con otros ciudadanos a los que se aplicaba la ley de forma inflexible".

"El Partido Popular de Benavente quería que cerráramos el Centro de Hemodiálisis para luego acusarnos de haberlo cerrado pese a que sabían todo lo que pasaba y lo que había dicho la Junta de Castilla y León: que si se cerraba el centro de hemodiálisis ya no volvería a la ciudad. Su cobardía política no tiene límite, al igual que su hipocresía y su cinismo. Denuncian y criminalizan a los que defendemos la sanidad y se callan cuando se quiere cerrar el hospital, cuando se pide un pediatra o se cierran consultorios", defendió entonces públicamente el desparecido Luciano Huerga.

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