La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a dos miembros de la organización criminal internacional que estafó en masa a 79 administraciones y organismos públicos del país, entre ellas al Ayuntamiento de Benavente, y a más de 700 particulares nacionales y extranjeros.
Con diferentes métodos se apoderaron de más de tres millones de euros que desviaron a cuentas de Centroeuropa desde 2016.
Los condenados, un hombre y una mujer, son dos de los cinco cabecillas de la organización en España. Tres de ellos ya estaban en prisión desde 2016, año de origen de la estafa.
La pareja, además de tener que indemnizar a todos los estafados, tendrá que cumplir 4 años, el hombre (que en el último tercio de la pena será expulsado del país 10 años) y un año y seis meses, la mujer, por delitos continuados de estafa y falsificación de documentos, entre otros.
Son los responsables de la estafa al Ayuntamiento de Benavente en el otoño de 2017 cuando, haciéndose pasar por la empresa eléctrica Wattium, lograron que se transfirieran 42.140 euros a una cuenta por dos falsos recibos de luz. El Ayuntamiento actuó rápidamente y logró recuperar el dinero.
Cualificación técnica y planificación
La Audiencia Nacional (AN) constata que el objetivo de la organización era obtener un beneficio económico consiguiendo dinero de entidades públicas y de particulares a quienes engañaban utilizando documentos falsos.
Los engaños a las Administraciones públicas requerían una alta cualificación técnica y mucha planificación. En un primer estadio, y tras identificar a las posibles víctimas, que van desde Ayuntamientos, Hospitales, Boletines Oficiales, Universidades y todo tipo de Consorcios, los autores realizaban un estudio para conocer los contratos que estas entidades públicas tenían con proveedores y empresas de servicios.
Cuando conseguían material como facturas y pedidos, se hacían pasar por una de las empresas que tenía pendiente algún cobro con la administración a la que iban a estafar. Posteriormente, simulando ser el proveedor, llamaban a la entidad o dirigían un correo electrónico, comunicando que iban a cambiar su número de cuenta habitual, por lo que los servicios prestados deberán ser abonados en la nueva cuenta.
La lista de ayuntamientos, organismos públicos, e instituciones estafadas (consumada o no la estafa) es larga. A modo de ejemplo, en esta relación figuran desde el Servicio Vasco de Salud hasta la Universidad de Santiago de Compostela, desde el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, el Laboratorio de Referencia de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Servicio Navarro de Salud, la Universidad de La Laguna, el Hospital Clinic de Barcelona, y decenas de Ayuntamientos, empezando por el de Almería.
Particulares y empresas
Los engaños a particulares se realizaban a través de Internet y seguían distintos patrones, entre los que se encuentran phishing bancarios, engaños en la compra-venta de bienes y servicios por Internet (coches y otros productos) y, sobre todo en alquileres temporales o turísticos de viviendas por Internet.
Una vez conseguido el dinero en las cuentas bancarias creadas por miembros de la organización, se transfería a otras cuentas bancarias abiertas con documentación no verdadera en Hungría, Rumanía y otros países, donde se procedía a su extracción en metálico.
Una potente estructura criminal
La estructura de la organización era muy potente. Contaba con un departamento de planificación para diseñar las operaciones y otro de informática que realizaba los phishing para suplantar páginas web. Contaba con un departamento de creación de los documentos necesarios para la apertura de las cuentas bancarias, documentos de identidad de distintos países, o contratos de trabajo, y un departamento de logística encargado de comprar los billetes de avión, autobús y tren a las mulas (que abrían las falsas cuentas), de realizarlas reservas de hotel, y de proveerlos de toda la información necesaria.
La organización tenía tres cabecillas pero contaba con otros “miembros relevantes”, creadores de documentación, captadores, mulas, testaferros y colaboradores.
El importe de la estafa
El número de víctimas particulares en España, personas físicas o jurídicas, asciende a 705 afectados. El montante total de la cantidad defraudada a particulares asciende a 1.183.642 euros Cuatrocientos veintiséis afectados fueron identificados, de los cuales 365 formularon denuncia.
La organización estafó a 79 administraciones y organismos públicos. Veintiuna no realizaron las transferencias solicitadas por motivos diversos, siendo el total de dinero requerido pero que no se transfirió 648.142, 32 euros.
Cincuenta y cinco administraciones públicas realizaron transferencias a cuentas controladas por la organización por un importe total de 5.690.772 de euros, causando un perjuicio total de 2.098.078 euros a los 33 organismos públicos que llegaron a caer en el engaño.
Parte de este importe pudo ser bloqueado por las entidades bancarias, de modo que veintidós administraciones, pudieron recuperar el total del importe transferido y nueve recuperaron parte, sufriendo un perjuicio de 400.642 euros.
El Ayuntamiento de Benavente logró bloquear la transferencia a tiempo gracias al Servicio Municipal de Intervención y pudo recuperar los 42.140 euros transferidos a una cuenta falsa abierta en Bankia. Tras la estafa fallida, la Concejalía de Hacienda arbitró un protocolo de control, pero se produjeron reacciones políticas.
La oposición del PP, que equivocadamente ya entonces y como ha revelado ahora la Audiencia Nacional, vinculó la estafa al denominado “Fraude del CEO” de León, aprovechó el suceso para responsabilizar al alcalde, Luciano Huerga, de no haber telefoneado a la empresa Wattium para comprobar la veracidad de los datos, una tarea que realizan miembros del departamento de contabilidad.
