Una banda rumana está detrás del intento de estafa al Ayuntamiento de Benavente y del fraude consumado a decenas de ayuntamientos de todo el país, según ha podido confirmar este periódico en fuentes de los Mossos d'Esquadra, que desde finales de 2016 investigan esta trama conjuntamente con la Policía Nacional en el marco de la denominada Operación Cruces.
Pese a que el operativo policial sigue en marcha, las cifras que se manejan en la investigación producen vértigo: 400 cuentas bancarias falsas para consumar la estafa; "millones de euros" públicos defraudados, de los que una gran parte han sido transferidos a Rumanía (las cantidades se desconocen con exactitud hasta que la investigación esté cerrada); y 50 sospechosos identificados hasta el momento, de los que ya hay varios detenidos.
La Ley de Transparencia, que obliga a las administraciones públicas y a los servicios públicos dependientes de otras administraciones superiores a difundir los datos relativos a la contratación de servicios, parece ser la "pitera" por la que la delincuencia organizada ha hallado el camino para iniciar esta estafa.
Los ayuntamientos no solo publican las adjudicaciones de contratos públicos de forma detallada como establece la ley, también en muchos casos cuelgan en sus páginas web los impresos para todo tipo de operaciones, entre ellas los cambios de cuentas bancarias para el pago a proveedores. Aunque se supone que este tipo de formularios informáticos -no disponibles para todos pero al parecer sí accesibles para la piratería informática- tienen el acceso restringido, lo cierto es que se han convertido en una fuente de información más para que la delincuencia organizada intente hacer su agosto.
El modus operandi de la red rumana que está detrás de esta estafa colectiva a administraciones locales del país es relativamente sencillo. Aprovechando la información de los servicios adjudicados y el nombre de las empresas, abrían cuentas bancarias falsas en entidades diferentes a las que transferían los pagos suplantando la identidad de las empresas e incluso de sus directivos. Luego, bien rellenando los impresos telemáticos, bien enviando correos electrónicos como ocurrió en el caso de Benavente, instaban el cambio de los pagos a la nueva cuenta bancaria. El sistema empleado en la estafa ha sido, según parece, ampliamente lucrativo.
En los casos investigados, que se contarían por decenas, aparecen ayuntamientos y hospitales, además de pequeñas y medianas empresas, y entre los servicios externos prestados por las firmas proveedoras los hay de toda condición, desde suministros eléctricos como ha ocurrido en el caso de Benavente, pasando por el mantenimiento de viales y edificios, servicios de limpieza, e incluso de ascensores.
La apertura de cuentas bancarias con identidad falsa, una pieza clave de la estafa, ha permitido a los Mossos y a la Policía Nacional afinar la investigación al contar con la colaboración de las entidades, la mayoría del país, que también detectaron una apertura de anomala de nuevas cuentas cuyos titulares no se correspondían con las empresas. Así conocieron los Mossos que el Ayuntamiento de Benavente había ingresado en una cuenta de Bankia 42.100 euros por el pago del suministro eléctrico municipal. Los investigadores contactaron con el Servicio Municipal de Intervención para conocer de primera mano lo que había ocurrido un día después de que el Ayuntamiento denunciara lo ocurrido ante la Guardia Civil. La red tejida por la banda rumana ha tenido éxito en la mayoría de los casos. Según los investigadores, "pocos han sido los que no han picado cuando se les pidió el cambio de ingreso de los pagos a otra cuenta bancaria".
El origen de la estafa es similar. Una denuncia de un ayuntamiento de la provincia de Barcelona, en concreto Casteldefels, según fuentes de la investigación, provocó la alerta policial. El Grupo de Estafas de los Mossos d'Esquadra de la Región Metropolitana de Barcelona se hizo cargo de la denuncia. Los casos pronto se sucedieron en Cataluña, y no solo en consistorios, sino en servicios públicos como hospitales y en pequeñas empresas vinculadas a las administraciones en su calidad de proveedoras de servicios.
La investigación trascendió de Cataluña a otros puntos del país: Valencia, Zaragoza (Aragón), País Vasco, Pamplona (Navarra), Madrid y León (Castilla y León). Siempre según las mismas fuentes, las estafas estaban también siendo investigadas por un grupo especializado vinculado a la Brigada de Investigación Tecnología del Cuerpo Nacional de Policía. La concurrencia de ambas investigaciones dio pie a la coordinación del operativo policial, que sigue abierto y que por este motivo se habría denominado Operación Cruces.
