La Audiencia Provincial de Zamora ha visto indicios de estafa en la conducta del gerente de la promotora Usual Events, Jorge Luis Blanco Álvarez, en relación con el concierto de Ana Belén y Víctor Manuel contratado en julio de 2006 con el Ayuntamiento de Benavente y que finalmente no se celebró pese a que se había cobrado el importe de más de 800 entradas, unos 13.000 euros en total que tuvo que devolver el Consistorio.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente concluyó la instrucción de las diligencias a principios de 2014, ocho años después de que el Ayuntamiento presentase denuncia contra el gerente de la promotora. El Juzgado decretó la continuación de la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, autor contra el que la defensa del promotor formuló recurso de reforma al que se adhirió el fiscal reclamando el sobreseimiento de la causa. La juez desestimó el recurso de reforma y la defensa del promotor apeló a la Audiencia Provincial de Zamora.

A mediados de diciembre del año pasado, los magistrados de la Audiencia concluyeron que, a la luz de las diligencias y del recurso, concurren "indicios de la realización por parte del recurrente de una conducta susceptible de constituir infracción penal contra el patrimonio y el orden socioeconómico, concretamente de estafa" y por ello consideran que debe continuarse la tramitación del expediente por la vía del procedimiento abreviado. La Audiencia desestimó el recurso de apelación formulado por la defensa del promotor del espectáculo al entender que concurren indicios de la conducta que se imputa al promotor.

Meses antes, el fiscal había solicitado el archivo de las diligencias. En el recurso de reforma de la Fiscalía rechazado por el Juzgado de Instrucción número 1, el Ministerio Público aseguraba que "pudo haber existido una mala gestión" por parte de la promotora "que en su caso daría lugar a una responsabilidad civil, pero no penal".

Los magistrados de la Audiencia Provincial, lejos de compartir el criterio de la Fiscalía opinan todo lo contrario. En base al contrato firmado entre Usual Events y el Ayuntamiento de Benavente; a la denuncia presentada tras confirmarse la cancelación del concierto; y a las declaraciones de los empleados municipales que calificaron de sospechosa la conducta del promotor al confirmarse que en Fabero (León), donde Ana Belén y Víctor Manuel tenían que actuar el día antes, se estaban produciendo irregularidades, consideran que existen indicios de infracción penal suficientes.

A estos hechos añaden las dificultades del Ayuntamiento para ponerse en contacto con el promotor días antes del concierto; la falta de personal para el montaje del escenario y la iluminación; la visita de una mujer que dijo ser la madre del promotor a los puntos de venta de entradas de las que recogió el dinero y entradas; la conversación con el manager de Ana Belén y Víctor Manuel al que aseguró que en Fabero todo iba bien y al que ya no volvió a coger el teléfono; la denuncias de dos empresas contratadas por Usual Events para instalar el escenario y la luz; la comunicación por fax a la Guardia Civil de la cancelación del concierto anunciando la devolución del precio de las entradas en un plazo de 15 días, lo que no ocurrió; y la imposibilidad de comunicarse con el promotor al que hubo que requisitoriar. En base a todos estos hechos la Audiencia considera que "resulta acreditada la existencia de daños y perjuicios para el Ayuntamiento por devolución de entradas, etc...".

Los magistrados constatan que todos estos indicios "no se desvanecen por la sola y exclusiva declaración" del promotor al asegurar que la suspensión del concierto "se produjo como consecuencia de una venta insuficiente de entradas, porque ello no explica las irregularidades anteriores", ni su forma de proceder "impidiendo toda comunicación con él". El Ayuntamiento mantiene la acusación particular y sus letrados trabajan en la calificación de los hechos denunciados. Fuentes municipales aseguraron que la intención del equipo de Gobierno es recuperar hasta el último euro que salió de las arcas municipales para devolver al público el importe de las entradas.