El Juzgado investiga si el alcalde del PP de Ferreras de Abajo, Gregorio José San Pedro, y dos de sus concejales permitieron, por omisión o a sabiendas, la edificación de diez construcciones sin que los propietarios solicitaran la correspondiente licencia de obras en ese municipio (siete viviendas) y en Litos (tres), lo que podría suponer un delito de prevaricación, de acuerdo con la denuncia remitida por la Fiscalía Provincial. El Ministerio Público destaca que ambos consistorios no le remitieron información ni sobre la concesión de los permisos urbanísticos ni del inicio de expedientes sancionadores por la construcción ilegal. Además, los testigos llamados por la Fiscalía declararon haber dicho "de palabra al alcalde o concejales y secretario" que iban a construir, a lo que les contestaron que "únicamente es necesario abonar las tasas de enganche de aguas sucias y limpias" en Litos; y en Ferreras, "nada".

Las diligencias abiertas por el juez tratan de determinar si, como se sostiene el Ministerio Fiscal, el alcalde llegó incluso a indicar a los dueños de tales construcciones que no tendrían problemas por llevar a cabo las obras sin el perceptivo permiso del Ayuntamiento, previa petición del mismo y presentación de los proyectos correspondientes. El que marcaran las alineaciones de las obras o dimensiones de la acera del inmueble "son pruebas que hacen indicar que se tiene conocimiento de lo actuado, sin dar cumplimiento a la Ley", concluye Fiscalía.

Los indicios de la comisión del delito de prevaricación se extienden, asimismo, al secretario general de la institución local, de iniciales I.S., y a dos concejales del equipo de Gobierno del PP, E.A. y R.M.G., con competencias en la gestión municipal de ambas localidades.

La Fiscalía apunta la falta de colaboración de los ahora investigados por el juez para comprobar si se solicitaron las licencias de obras y se abrieron los expedientes urbanísticos correspondientes a la tramitación y ejecución de las construcciones o si se emprendieron acciones para perseguir las infracciones urbanísticas cometidas en tales edificaciones, a pesar de que los ayuntamientos de Ferreras de Abajo y de Litos recibieron la petición del Ministerio Público el 17 de junio de 2016.

Desde el Ministerio Fiscal se les instaba a "aportar la totalidad de los expedientes urbanísticos que amparan bien la legalidad de las construcciones o, en su caso, la persecución de las infracciones urbanísticas cometidas en tales construcciones, no han sido aportadas en ningún momento", dice la Fiscalía, que emprendió la investigación tras la denuncia de los concejales del grupo del PSOE en Ferreras de Abajo en agosto de 2015.

La falta de respuesta por parte de los ayuntamientos determina que la Fiscalía estime que podría ser imputable el delito de prevaricación por "comisión por omisión de los imputados" del mismo, ya que "ante la solicitud de los interesados sobre permisos de construcción en sus respectivas viviendas y, conocedores de las obligaciones que les imponía la legislación urbanística, con consciente desprecio de la legalidad, permitieron con su omisión, incumplir la legislación de la que eran garantes". Un comportamiento con el que habrían causado "un perjuicio económico a las arcas municipales", ya que habrían dejado de recaudar las cantidades relativas a las licencias de construcción" para las viviendas.