Los productores fotovoltaicos censuran que el Supremo rechace las indemnizaciones

La decisión, que afecta a más de mil pequeños inversores zamoranos, es "dramática para los afectados y para el conjunto de los españoles"

31.01.2016 | 12:29
Placas solares en la provincia de Zamora.

Los productores fotovoltaicos lamentan que el fallo del Tribunal Supremo, que ha quitado la razón a cinco recursos presentados por varios inversores en los que reclamaban indemnizaciones por los recortes en la tarifa fotovoltaica introducidos por el Ejecutivo en el ejercicio 2010. Los denunciantes pedían daños y perjuicios ya que se han reducido las horas retribuidas. A la espera de esta decisión había varios cientos de demandas más, algunas de ellas llegadas desde la provincia de Zamora. La decisión afecta, según la organización de productores fotovoltaicos Anpier, a todas las familias y pequeños inversores que en su día apostaron por la energía solar. Entre ellos hay aproximadamente mil pequeños inversores zamoranos, ya que la energía solar ha recibido un impulso fundamental por parte de familias y emprendedores y no está copada por las grandes empresas, como sí pasa con la energía eólica.

"Esta sentencia es injusta y, con ella, se consuma uno de los capítulos más sombríos de la historia de la democracia española: un Estado capta los ahorros de decenas de miles de familias para que desarrollen una tecnología, la solar fotovoltaica, y una vez realizado el esfuerzo se les cambian las condiciones que se ofrecieron como inalterables abandonándolos a su suerte", denuncia la organización Anpier.

"Todo el aparato estatal ha entrado en funcionamiento para justificar arbitrariamente dichos cambios públicamente, con argumentos que luego han sido replicados por el propio Tribunal Supremo. La realidad es que el Estado promocionó estas inversiones como rentables y seguras, sin advertir en ningún momento de que pudiera existir ni el más mínimo de los riesgos y dándose la perversa paradoja de que las condiciones que fueron ofrecidas como firmes por el Estado en un Real Decreto no se pueden "petrificar" pocos años después a juicio del propio Estado; mientras que la banca sí exige el cobro integró de las cantidades requerida para estas misma inversiones en virtud de contratos privados que sí son "pétreos"". La peor situación la viven los zamoranos que invirtieran en este tipo de energía y que aún no hayan acabado de pagar las instalaciones. Pese a todo, aquellos que ya tengan la infraestructura pagada "solo" ven reducidos sus ingresos. Los que tengan que seguir pagando tendrán que asumir las cuotas que les exige el banco con un nivel de ingresos mucho más bajo.

"Para las familias fotovoltaicas", aseguran los productores, "es doloroso escuchar que sus rentabilidades alcanzan el 8%, cuando son continuos los concursos de acreedores y las refinanciaciones para evitar perder sus patrimonios personales; este Tribunal ha permitido que se evalúe de forma burda y arbitraria sólo cuatro instalaciones de las 62.000, y sin considerar que las familias han retribuido al conjunto de la cadena de valor (fabricantes, instaladores, comercializadores o ingenieros), por lo que esa rentabilidad sólo podría llegar a ser alcanzable por empresas que hubieran internalizan todo los procesos, pero nunca por particulares".

Para Anpier "resulta llamativo" que esta sentencia del Supremo haya venido precedida de otra en la misma dirección del Tribunal Constitucional conocida hace tan sólo unos días, "una concatenación de sentencias precipitada casualmente cuando empezarán a conocerse, en breve, los laudos arbitrales que, por esta mismas causas, han interpuesto los inversores extranjeros, convencidos de que les serán favorables".

Estos acontecimientos, reiteran desde la agrupación de pequeños productores fotovoltaicos, "son dramáticos para las familias productoras de energía fotovoltaica y para el conjunto de los españoles, puesto que si los marcos regulatorios pueden ser alterados caprichosamente, ningún inversor realizará inversiones reguladas a largo plazo, que quedarán reservadas para aquellas empresas que sí consideren que tienen blindada la seguridad jurídica".

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