Hacienda aflora miles de inmuebles sin registrar en el Catastro de Zamora y pide los atrasos

En trece de las 162 localidades afectadas ha terminado el proceso, con 1.408 edificios descubiertos, cada uno con 314 euros de deuda media

10.07.2015 | 12:30
Oficinas del Catastro de Zamora, situadas en el edificio de la Delegación de Hacienda.

El Catastro está aflorando miles de inmuebles de la provincia de Zamora que por distintas circunstancias, como ser de nueva construcción o ampliaciones no están dados de alta como corresponde, y está exigiendo que abonen el correspondiente IBI, así como los atrasos de hasta cuatro años anteriores. La Dirección General del Catastro ha iniciado ya el plan extraordinario de regularización en 132 municipios de la provincia, en tanto que en otros 116 está pendiente, en un plan que pretende desarrollarse hasta 2016.

Los primeros ayuntamientos donde se llevó a cabo este plan de regularización, en 2013, fueron trece: Arquillinos, Cabañas de Sayago, Casaseca de Campeán, Castroverde de Campos, Cerecinos del Carrizal, Fuentesecas, Mayalde, Melgar de Tera, Quintanilla del Monte, Rionegro del Puente, Villadepera, Villalobos, Villalpando. En todos ellos han finalizado los trabajos y proporcionan datos que revelan la enorme trascendencia que el proceso va a tener para los ciudadanos. Sólo en estos 13 municipios se han descubierto nada menos que 1.408 inmuebles que estaban sin inscribir en el Catastro, cifra que supone un 18% sobre los que estaban registrados correctamente. Es decir, que casi uno de cada cinco inmuebles que existen realmente no está correctamente inscrito en el Catastro. La regulación ha supuesto que cada inmueble tenga que pagar 87 euros más de IBI al año, como media, a los que hay que añadir 227 euros, también de media, como cantidad que deben abonar por lo haber pagado en los ejercicios anteriores. Total, 314 euros. Hacienda puede reclamar un máximo de cuatro años de atrasos, ya que las deudas anteriores prescriben.

De los 1.408 inmuebles regularizados, un 30% corresponde a nuevas construcciones que no se habían inscrito en el Catastro, un 25% corresponde a rehabilitaciones, un 44% a reformas y cambios de uso y un 1% a piscinas (entran las de obra, es decir, las que no son portátiles).

La regularización catastral, explicaron fuentes de Hacienda no implica una subida de los valores catastrales, sino que intenta que todos estén declarados y paguen.

No se trata de un procedimiento de valoración al uso, "sino de un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados", dicen las autoridades. El Catastro debe procurar que la descripción de los inmuebles concuerde con la realidad. Es por ello que la incorporación de los inmuebles así como de las alteraciones de sus características (económicas, físicas o de titularidad) es obligatoria. Si el titular catastral no ha declarado o lo ha hecho de manera incompleta o incorrecta, el Estado tiene la obligación de luchar contra esta modalidad de fraude, realizando las actuaciones de comprobación necesarias al objeto de incorporar y valorar aquellos actos, hechos o negocios susceptibles de originar una modificación en el Catastro.

El procedimiento de regularización catastral no pretende alterar el valor catastral de los bienes declarados (catastrazo) sino la incorporación al Catastro de aquellos inmuebles y sus alteraciones (tales como ampliaciones y rehabilitaciones) que no figuren en el mismo y que, por lo tanto, supongan un fraude fiscal inmobiliario al no coincidir la descripción del inmueble inscrito en el Catastro con la realidad inmobiliaria.

Estos inmuebles, por ejemplo, un chalet construido en una parcela urbana y no declarado en el catastro inmobiliario, disfruta de los mismos servicios públicos de las entidades locales que el resto de sus vecinos (servicios sociales, alumbrado, saneamiento, recogida de basuras,?). Y es por tanto, de justicia, que su correcta incorporación al Catastro garantice su contribución al sostenimiento de dichos servicios públicos.

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