Una comisión especial político-técnica de la Diputación Provincial se encargará a partir de la próxima semana de aplicar la nueva Ley de Reforma de la Administración Local. Con el debate sobre la bonanza o no de esta normativa superado, «en segundo plano», el presidente Fernando Martínez Maíllo declaró que «queremos ser pioneros» en esa tarea e invitó a los grupos de la oposición a «abandonar la calle», aparcar las críticas, puesto que la Ley hay que cumplirla les guste o no, y a «ponerse a trabajar» desde esa comisión, en la que participarán altos técnicos de la institución.
Maíllo incidió en «los consorcios» como modelo de gestión para reiterar que «lo principal» es conocer «el coste del servicio y la voluntariedad del municipio» para entrar en ese organismo y asumir la financiación de las prestaciones. El mensaje a los alcaldes fue muy claro: «Si no se acepta, habrá que intentar reducir el coste» porque «no puede haber municipios que no paguen nada. Todos tenemos que pagar para pagar todos menos». Las competencias impropias se seguirán prestando con la financiación garantizada del cien por cien del coste de los mismos, puntualizó.
