Años atrás, cuando más duramente se sufría en España la crisis económica mundial, en nuestro país especialmente agravada por tantas circunstancias adversas, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a la quiebra de las cajas de ahorro, era fácil ver en cualquier manifestación de protesta contra la situación, sobre todo en las concentraciones del 15M, pancartas con aquella chusca frase de "No hay pan para tanto chorizo", porque resultaba que, paralelamente, policía y justicia no dejaban de descubrir más y más casos de corrupción, algunos con mucho tiempo ya en su haber, pero que por entonces se empezaron a descubrir : los grandes escándalos de los ERE en Andalucía, de la Gurtell en Valencia y Madrid, de los Pujol en Cataluña, de la Púnica y ahora la Lezo también en la capital de España. También a las puertas de la Audiencia Nacional se puede escuchar a veces ese grito indignado cuando algún ex alto cargo es llamado a declarar como imputado.
Era justamente la expresión que estaba en la calle, que dominaba y domina en el ambiente, el peor caldo de cultivo para una sociedad que no solo se enfada al máximo, hasta el hastío, sino que cae en el desencanto y la desesperanza con todo lo que aprecia a su alrededor. Y más cuando es el Gobierno y su propio presidente, presidente también del partido que gobierna, el que aunque pregone pretender lo contrario y mostrarse como adalid obligado de la lucha contra la corrupción, sigue eludiendo de hecho las situaciones concretas, mirando para otro lado, silbando en la acera o leyendo el Marca y diciendo eso de la presunción de inocencia. Porque los datos que acaba de dar a conocer en el Congreso el secretario de estado de Seguridad no pueden ser más preocupantes.
Resulta que en los últimos siete años, nada menos que 11.500 personas han sido investigadas o detenidas en causas relacionadas con la corrupción política. Lo cual habla mucho a favor de que las instituciones policiales y judiciales funcionan pero deja entrever igualmente que algo falla. Porque corrupción hay en todas las partes, ya se sabe, pero en unos sitios más y en otros menos, y eso depende de los mecanismos de prevención y condena de cada país. Aquí se habla mucho, se crean leyes, se reforman normas, pero a la hora de la verdad pocos de estos 11.500 han pisado la cárcel, aunque alguno haya estado o esté aun, pero todos ellos, seguramente, con el dinero a buen recaudo. Pero queda el detalle clave: en 2010 el numero de imputados era de 583, lo que demuestra el tremendo ritmo de crecimiento de delitos tales como el blanqueo de capitales, el cohecho, la falsedad en subvenciones, el tráfico de influencias y la prevaricación tanto administrativa como urbanística. Suma y sigue.
Es una realidad que está ahí y que no puede tratar de eludir nadie, empezando por el presidente del Gobierno. Cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Por cierto, que la Junta de Castilla y León se personará en la investigación judicial de la trama eólica, insistiendo en su exculpación del asunto. Pero parece claro que a Herrera, como a Esperanza Aguirre, algunos de sus nombramientos le salieron rana.
