Una de las consecuencias mas demoledoras que los tan repetidos escándalos de corrupción propician en la sociedad es la reacción que se produce en contra de la fiscalidad que se sufre, tan excesiva e injusta desde que Rajoy llegó al poder, única solución del Gobierno del PP para frenar a la crisis, pero solo a costa de las clases más débiles, aunque haya sido precisamente en las anchas clases medias, sostén económico de cualquier país por su capacidad de consumo, donde más y de una manera mas notable se ha dejado sentir, con sueldos y pensiones prácticamente congelados desde hace ya muchos años reduciendo la capacidad adquisitiva y todo lo que ello conlleva.
Pero la voracidad tributaria de Rajoy y su equipo, llevada con resignación e indignación a partes iguales por la mayoría de los españoles, cobra toda su dimensión de injusticia social cuando la ciudadanía se enfrenta, una y otra vez, a los casos de corrupción que enfangan principalmente al PP, al PSOE y a la antigua CiU de Pujol y compañía en la Cataluña que quiere independizarse. Porque lo que no puede ser admitido es que, al final nuestros impuestos, tasas y tributos, que religiosamente o no abonamos al estado vaya a parar a las cuentas en Suiza y demás paraísos fiscales de los muchos listos y listillos, que no inteligentes, que se metieron en política para forrarse y se forran.
La dinámica, por todos los muchos casos descubiertos últimamente en el PP, que según se rumorea no van a ser los últimos ni mucho menos, es siempre la misma. Con la coartada de que el partido necesita dinero, los conseguidores venden favores, casi siempre en forma de adjudicaciones de obra pública o de otra cualquier manera, a cargo de dádivas generosas, de enormes cantidades, parte de las cuales se incluye dentro de la financiación ilegal y parte deriva hacia los bolsillos de los dirigentes que coordinan las operaciones, a veces con la bendición de la cúpula del partido. Que González, el ambicioso ex presidente de Madrid esté en la cárcel, y que al fin se haya presentado querella por la trama eólica descubierta en la comunidad castellano-leonesa, no puede bastar.
Entre otras razones, porque todo sigue siendo lo mismo.Y a la sociedad, mientras, se la continúa sangrando sin misericordia. En Asturias y en Andalucía y en Murcia, y en Aragón, otra vez se han lanzado a la calle miles de personas para volver a protestar contra los impuestos de sucesión que hay que pagar por herencias familiares, unas tasas tan elevadas, tan exageradas, tan abusivas y fuera del contexto económico del país, que están provocando muchas renuncias a lo suyo, a lo que les corresponde por ley natural, entre los herederos. Con el agravante y la injusticia de que hay regiones en las que se paga muchísimo y otras, como Madrid o Canarias, en las que prácticamente no se paga nada.
En Castilla y León se está en los primeros puestos de este inaguantable ranking, aunque nadie haya salido a protestar. ¿Y la oposición? La oposición, bien, gracias. Ahora, se habla pero en sordina, de rebajar algo el impuesto. No basta. Hay que llevarle a términos razonables y asequibles a todos.
